La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la suspensión de empleo y sueldo de A.L.C., una funcionaria interina que facilitó a un imputado y a su abogado datos concernientes a su pareja, que le había denunciado por un caso relacionado con violencia de género.
A pesar de que la sentencia confirma la suspensión de tres años y tres meses de una falta muy grave interpuesta en diciembre de 2015 por facilitar los datos de mujer, acepta parcialmente el recurso de la funcionaria y declara nula la falta grave impuesta por, supuestamente, hacer desaparecer un parte de lesiones porque «no existe» ningún testigo que la viera destruyéndolo.
La Sala señala que en este caso se debe tener en cuenta «la especial» problemática del juzgado de Ibiza donde ocurrieron los hechos ya que en él existen «unas pésimas relaciones personales» entre los funcionarios y la secretaria judicial, una cuestión «que se demuestra con la interposición de denuncias penales y querellas».
Según se explica, esto «refleja una conflictividad que está muy lejos de ser la tónica habitual en la marcha de un juzgado de forma que esa desaparición bien puede ser debida a otras causas o acciones y no necesariamente debido a una acción voluntaria de la recurrente».
Por otro lado, el juez señala que se aprecia «con claridad» que la funcionaria «busca dificultar y entorpecer» el desarrollo del expediente sancionador y pone como ejemplo «la dificultad a la hora de notificarle resoluciones y la petición reiterada de suspensión de señalamientos que le fue admitida hasta en dos ocasiones».