El preso aprovechó el turno de la última palabra para desahogarse. Denunció que le iban a matar en la cárcel de Huelva. Mostró su desacuerdo con la versión de la fiscal e insistió en que le habían agredido en la cárcel de Palma durante un traslado. Todo por videoconferencia desde la prisión de Huelva. «Estoy siendo acosado, me van a matar, señoría. No estoy de acuerdo con la fiscal. Los funcionarios me pegaron, me amenazaron y abusaron de mí. No duermo desde entonces. Me encuentro muy mal. Solicito mi absolución porque yo soy muy inocente. Adiós, feliz Navidad y Año Nuevo», dijo el acusado.
La versión de la fiscal es distinta. El recluso, el 23 de agosto de 2016, se resistió ante varios funcionarios de la prisión de Palma. La representante del ministerio fiscal modificó sus conclusiones este martes tras el juicio. Pedía un año de cárcel por atentado y al final solicitó nueve meses por un delito de resistencia.
Un funcionario que estaba en la enfermería de la cárcel cuando se produjeron los hechos declaró como testigo. «Nos informaron de que un interno del departamento de ingresos estaba alterado y amenazaba a los compañeros», explicó. «No vi que tuviera ningún tipo de lesiones. A la hora de aplicar la sujeción mecánica lanzó puñetazos y patadas al aire», indicó el trabajador antes de aclarar ante la juez en qué consiste la sujeción mecánica: «Cuando el interno se encuentra muy agresivo le ponemos las correas homologadas por seguridad para su salud y para el personal».
La Fiscalía reclama una indemnización de 2.240 euros para los dos funcionarios heridos tras la presunta resistencia del preso y una multa de seis meses con cuota diaria de 12 euros. El abogado defensor solicita su absolución al considerar que los funcionarios ofrecieron versiones contradictorias.