La defensa del empresario Bartolomé Cursach, que está en prisión preventiva desde el pasado 3 de marzo en el marco de la investigación por presunto trato de favor a su compañía, ha pedido por segunda vez a la Audiencia de Palma su puesta en libertad, a lo que se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción.
Cursach, defendido por el abogado Enrique Molina, ha solicitado que sea puesto en libertad en una vista celebrada ante la sección primera de la Audiencia de Palma, por un recurso contra la denegación de la libertad por parte del juez que investiga el caso.
El defensor ha alegado que en las investigaciones por presunta obstrucción a la Justicia en el marco de esta causa, Cursach no figura como investigado. Ha señalado además ante el tribunal que la Fiscalía considera falsa una de las denuncias por amenazas de una de las testigos.
La Fiscalía se opone a que el investigado sea puesto en libertad por riesgo de fuga y de alteración de la investigación.
El pasado junio, la Audiencia de Palma denegó otra petición de libertad de Cursach al considerar justificada la prisión preventiva por riesgo de fuga ante la existencia de indicios racionales de criminalidad «como autor de varios delitos, sancionados con penas superior a dos años de prisión» y «la existencia de medios económicos del investigado, y a la constancia de viajes al extranjero en momentos anteriores a su detención».
La Audiencia también señaló entonces el riesgo de alteración de pruebas ante «la constatación de varios actos de intimidación a testigos cuya comisión se atribuye a otros investigados, empleados del Grupo Cursach».
Cursach está en prisión provisional sin fianza desde el 3 de marzo por orden del juez de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, que investiga una trama de funcionarios y policías presuntamente corruptos que beneficiaban sus negocios.
Se le imputan presuntos delitos de cohecho, extorsión, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, entre otros.
Ligadas a este caso, ha habido dos condenas de juzgados de lo Penal por presiones a testigos.
Una de ellas a 15 meses de prisión y 5.400 euros de multa a un familiar de Cursach por amenazar a otra testigo protegida, y otra de 2 años y 6 meses de prisión por delito continuado de obstrucción a la justicia a un exempleado del grupo.