«Penalva y Subirán mienten. El grupo de blanqueo miente. Han mentido. Hay presos injustamente. Y quiero que me detengan. Me metan en prisión y se investigue. Y si miento me quedo dentro». El pasado jueves, en los corrillos de los juzgados de Palma se hablaba de poca cosa más que del comentario que el abogado José Ignacio Herrero había escrito en su Facebook. El letrado representa a Florian Puscasiu, preso desde el mes de julio y acusado de agredir a uno de los testigos protegidos del caso, el 29. El fiscal le reclama cuatro años y medio de cárcel.
Herrero es un letrado veterano que ha intervenido en casi todos los casos de corrupción vistos en la Isla en la última década. En ninguno de estos asuntos se le recuerdan intervenciones de esta intensidad. A esto hay que sumar la querella que ha interpuesto al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán ante el Tribunal Superior y que lleva ya tres ampliaciones, quejas contra ambos ante el Poder Judicial y Fiscalía y una demanda por injurias al instructor. En medio, el Colegio de Abogados, tomó una decisión inédita: dio amparo al letrado al considerar que el juez había interferido en su ejercicio profesional.
Más denuncias
En varios de estos escritos interviene también otro letrado, Vicente Campaner, que a su vez colgó el mismo mensaje en su Facebook. Éste, a su vez, ha presentado denuncias judiciales contra la directora de la prisión por el traslado del empresario Bartolomé Cursach a una cárcel levantina, y al que representó en este asunto penitenciario.
Los dos letrados sostienen que el fiscal y el juez han ido más allá de la ley a la hora de reunir pruebas. En la cúspide de su relato está un vídeo en el que se ve cómo, durante la declaración de un testigo por videoconferencia, el fiscal envía mensajes a los policías que le acompañan. Su conclusión es que está indicando al testigo a qué agentes de la policía local tiene que señalar como corruptos.
Otra acusación alude a cómo interrogaron el juez y el fiscal a una serie de testigos que presentaron para defenderse y que fueron acusados reiteradamente de mentir. Herrero grabó sin conocimiento de Penalva esa declaración y la ha aportado como prueba al TSJB. La Sala de lo Civil y Penal aún no ha decidido si admite o no a trámite la querella, a lo que la Fiscalía se opone.
El juez, por su parte, ha respondido a estas acusaciones en una serie de autos. En ellos, de forma implícita, afirma que todo son intentos de desacreditar la investigación alentados por Cursach.
Testigos falsos
Por ejemplo, considera un indicio de que uno de los rumanos implicados ha sido captado por Cursach que pueda permitirse pagar a cinco abogados, entre los que incluye a Herrero y Campaner. También reitera que se han presentado testigos falsos en la causa, como lo avalaría el que, en todos los casos que han llegado a juicio, las magistradas que los juzgaban denunciaran a algunos de ellos por mentir: «La hipótesis más lógica y probable es que tardaron una semana en convencerles para que cometieran falso testimonio ante este Juzgado, y muy posiblemente después de que hubieran sido convenientemente recompensados por el entorno del Grupo Cursach», indica Penalva en un auto sobre los testigos cuya declaración aportó Herrero como prueba al TSJB.
El instructor se defiende: «El letrado confunde la imparcialidad con el hecho de que tras una investigación que se prolonga durante años, se llegue a un convencimiento». También alude a que se ha ofrecido dinero a testigos para que declaren que el juez y el fiscal les han dirigido falsamente las declaraciones.