El empresario Bartolomé Cursach permanecerá en prisión al menos hasta que arranquen los juicios en su contra. El magistrado instructor del caso, Manuel Penalva, señala que los dos primeros procesos contra él llegarán «en breve». La primera cita del principal investigado en la causa con un tribunal será la pieza en la que se le acusa de un delito de tenencia ilícita de armas, que ya está cerrada, por una escopeta que le encontraron en su habitación. La siguiente que, según el instructor ya está prácticamente ultimada es otra pieza separada por cohecho, coacciones y organización criminal, relacionada con las prebendas que recibían algunos policías locales en la discoteca Tito's. Esa cercanía de los juicios lleva al instructor a señalar que el riesgo de fuga continúa en el caso de Cursach. Éste peligro, unido a las coacciones denunciadas por testigos, que incluyen ofertas de hasta dos millones de euros, según dijo ‘El Ico', llevan al magistrado a rechazar la petición de libertad del empresario: «Es evidente que el insólito escenario descrito, no es el más propicio ni adecuado para plantear la libertad provisional de quien está al frente de una organización criminal, que incluso estando en prisión preventiva recurre a semejantes tácticas».
El auto señala que, tras el encarcelamiento del empresario el pasado mes de marzo, «han aparecido un número de indicios y pruebas abrumador» en su contra. El juez habla de un «escenario sin precedentes en la historia judicial española» creado por la capacidad del investigado para manipular o destruir pruebas. En concreto alude a las presiones a testigos, que concreta en varios casos, en especial en torno al testigo protegido 29, excamarero de Tito's, sometido a un «auténtico calvario», según el instructor.
El auto también hace referencia al traslado de Cursach a otro centro penitenciario que, según señala se produjo «debido a la influencia que comenzó a ejercer sobre un grupo de internos de nacionalidad rumana». Pone este dato en relación con las condenas a personas de esta nacionalidad por amenazas a un testigo.