Tolo Sbert, mano derecha del magnate del ocio Bartolomé Cursach, afirma que por el momento continuará en la cárcel porque es el lugar «más seguro» para su persona hasta que la instrucción del caso «respete sus garantías constitucionales».
El ex director general del Grupo Cursach emitió este sábado un comunicado, a través de su abogado, para exponer su situación ante la sucesión de noticias publicadas acerca de él en las últimas fechas. El empresario afirma que la modificación de su situación personal, con la posibilidad de quedar en libertad bajo fianza de 500.000 euros, no fue acordada a instancia del fiscal, sino a petición de su defensa, «al interponer un recurso de apelación al que el Ministerio Fiscal se adhirió parcialmente», «recurso que mantendremos ante la Audiencia Provincial», añade.
Reputación
El empresario denuncia también la «eficaz aniquilación de su reputación llevada a cabo por los medios de comunicación, quienes desde 2014 publican información sesgada y deformada de una causa judicial ‘secreta'». Esta situación, según Sbert, ha creado una «posverdad de culpabilidad socialmente asumida».
Sbert, además, expresa su queja por la «insólita y perversa advertencia contenida en el auto» del juez Penalva sobre la posibilidad de que salga en libertad bajo fianza. El juez instructor le advierte de que en caso de depositar la fianza y quedar en libertad provisional, se acordará de nuevo prisión incondicional ante «cualquier acto cometido por cualquier persona o personas conocidas o no, dirigida a coaccionar, intimidar, agredir o recompensar económicamente a algún testigo que haya declarado o lo pueda hacer en el futuro».
Por esta situación, el número dos de Cursach asegura que se le impone una «responsabilidad penal objetiva». Ante la posibilidad de ser denunciado «dada la proclividad de algunos ‘testigos protegidos' de esta causa, incluso de terceros, a denunciar pretendidas ‘compensaciones', intimidaciones o atentados contra su seguridad», lo que implicaría el reingreso de Sbert en prisión, el empresario cree, al igual que su abogado, que se haya creado «el ‘escenario judicial perfecto' para que cualquier testigo, enemigo o simple interesado pueda causarle aún más daño».
Por ello considera que «el lugar más seguro para su persona es la prisión, de la que no puede salir hasta que la instrucción respete sus garantías constitucionales», concluye.