La Audiencia Provincial condenará a tres años de cárcel a la dueña de una inmobiliaria de Santander que estafó más de 26.000 euros a varias personas de origen sudamericano que querían traer a sus familiares a trabajar a España con falsas promesas de permisos de trabajo y contratos a cambio de dinero.
Y ello después de que las partes en este juicio, señalado para este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, hayan llegado a un acuerdo de conformidad por el que la acusada ha reconocido los hechos que se le imputaban y la Fiscalía ha aceptado reducir un año --de 4 a 3-- su petición inicial de cárcel. Además, le ha retirado también la multa de 4.500 euros que le solicitaba.
Entre octubre de 2006 y mediados de 2008 la acusada, de nacionalidad boliviana, dirigía una inmobiliaria de la calle General Dávila y aprovechando que a través de dicho negocio conocía a numerosas personas originarias de Sudamerica residentes en España y que tenían familiares que deseaban venir a trabajar al país, les ofrecía la realización de los trámites necesarios para ello, garantizándoles la obtencion de los permisos y autorizaciones exigidos por la Oficina de Extranjería.
Así, la acusada aseguraba a estas personas que tenía permiso del Ministerio para contratar hasta 20 trabajadores para su inmobiliaria y para negocios de construcción relacionados con la misma.
De hecho, en ocasiones les aseguraba que era abogada y se dedicaba a ayudar a inmigrantes, exigiéndoles la entrega de diferentes cantidades de dinero con la promesa de obtener en breve plzos los permisos y contratos demandados.
Los perjudicados, ante la apariencia de solvencia y seriedad profesional» que la acusada les trasmitía, no dudaban en entregarle el dinero ignorando que la mujer, en estas fechas, no estaba al corrientes de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social ni con el Régimen de Autónomos, con lo que no podía conseguirles permisos y contratos, actuando con el único afán de enriquecerse ilicitamente.
Se citan hasta nueve casos en los que estas personas entregaron a la mujer cantidades que oscilan entre los 1.000 y 4.000 euros para conseguir los permisos y contratos para poder traer a sus familiares.
Una vez obtenidas las cantidades, la acusada se apropiaba de ellas pero sin obtener los contratos ni permisos prometidos, eludiendo las reclama de devolución de estas personas, salvo en uno de los casos, en el que sí restituyó el dinero.
Todos los perjudicados a excepción de uno reclaman por estos hechos y ahora la condenada tendrá que pagar 26.200 euros en indemnizaciones para los afectados, que es a lo que asciende las cantidades percibidas y no devueltas.
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito continuado de estafa y, aunque mantiene los hechos, realiza modificaciones en la calificación jurídica y suprime el delito del 250.1 y 250.6 del Código Penal que inicialmente le imputaba al entender que la estafa no recae sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social y el delito no se cometió con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aprovechando su credibilidad empresarial o profesional.