Los pinchazos telefónicos del ‘caso Cursach' revelan que el empresario y su ‘número dos', Bartolomé Sbert, tramaron la posibilidad de provocar apagones del alumbrado público y del suministro eléctrico en Magaluf para perjudicar a los negocios de sus competidores. El juez y el fiscal disponen de fragmentos de conversaciones producto de pinchazos telefónicos entre los dos investigados, que leyeron al concejal del Ajuntament de Calvià Alfonso Molina. Este declaró como testigo el 31 de agosto, y su declaración fue notificada este miércoles a las partes.
En esta testifical, el fiscal Miguel Ángel Subirán, pregunta al regidor de mantenimiento sobre su relación con Sbert y, en concreto por el uso de un local como aparcamiento en la plaza Illes Pitiüses. El ministerio público plantea si se dio prioridad a ese uso porque al grupo Cursach «nunca se le niega nada». El testigo negó este extremo y señaló que se tomó la decisión por la gran cantidad de coches que se acumulaban y que «quiere pensar» que todos los permisos para esa instalación estaban en regla. También tuvo que responder sobre por qué informó de la apertura de ese aparcamiento por teléfono a Sbert.
Sobre el conflicto entre el Grupo Cursach y otros empresarios de Magaluf, el testigo señaló que eran conscientes del problema en el Ajuntament, pero limitó su ámbito de competencias al del mantenimiento, no a algunas de las actuaciones bajo sospecha, como el uso de barreras para impedir el paso a algunos locales o las inspecciones de la policía local.
El juez también notificó la declaración de un funcionario de Palma que fue citado para declarar como testigo después de que una compañera suya manifestara que le había aconsejado llamar a Bartolomé Sbert antes de una inspección en el Megapark. El testigo negó haber hecho ese comentario a su compañera y, en ese momento, el ministerio público pidió detener su comparecencia para que pasara a tener la consideración de imputado. Será citado para declarar en las próximas semanas.