El juez que instruye la causa de corrupción en la Policía Local de Palma ha impuesto una fianza civil de 12 millones de euros al empresario Bartolomé Cursach, otra de seis a su ‘número dos', Bartolomé Sbert y dos millones más a Antoni Bergas, el empleado del grupo que, supuestamente hacía con los agentes corruptos. El magistrado Manuel Penalva sitúa a estos tres encausados en la cúspide de la trama.
La medida del instructor busca asegurar posibles indemnizaciones a otros empresarios competencia de Cursach que se habrían visto perjudicados por las supuestas maniobras para perjudicarles y por el resto de delitos que se investigan. El auto fija un plazo a los tres encausados para abonar estas cantidades millonarias. Si no lo hacen, el juzgado iniciará una investigación patrimonial de los investigados para embargarles bienes hasta completar esa cuantía de 20 millones de euros.
Tanto Cursach como Sbert llevan en prisión preventiva por la causa desde el pasado tres de marzo. Se les imputan 16 delitos diferentes, desde integración en organización criminal a cohecho, tráfico de drogas y homicidio. El grueso de las actuaciones contra ellos permanece bajo secreto sumarial, una medida que ha sido recurrida sin éxito por las defensas ante la Audiencia Provincial, órgano ante el que también llevarán el auto que fija las fianzas.