El juzgado de Instrucción 3 de Dènia (Alicante) ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional y sin fianza del dueño de los cinco perros de raza peligrosa que mataron a mordiscos a un jubilado de 66 años y vecino del pueblo alicantino de Beniarbeig en febrero pasado.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, el magistrado investiga al sospechoso, un ciudadano holandés que fue arrestado este jueves, por un delito de homicidio imprudente y otro de maltrato animal.
«Además de la gravedad de los delitos y de la pena que llevarían aparejada en caso de condena», según el TSJCV, el juez justifica la medida de prisión en el «peligro fundado» que existe de que el arrestado pueda influir en testigos de los hechos o en la práctica de nuevas diligencias de investigación.
Por otro lado, el instructor aprecia en su auto de prisión riesgo de fuga por parte del detenido, pues no tiene arraigo en España y «no consta acreditada cuál es su situación personal, familiar, económica ni social».
La víctima murió el pasado 18 de febrero cuando se dirigía andando a un huerto de su propiedad a causa de los mordiscos de cinco perros de raza peligrosa que se habían escapado de un chalé cercano.
Fue su hijo quien, horas después y al no tener noticias de su padre, acudió a la finca y descubrió su cadáver tirado en el suelo y lleno de desgarros producidos por dentelladas.
Los perros fueron depositados en centros de acogida, aunque unas horas más tarde mordieron a uno de los cuidadores y destrozaron la jaula donde estaban encerrados, lo que motivó que el juez ordenara que fueran sacrificados.
La Guardia Civil arrestó al dueño de los canes, un ciudadano holandés que vive a unos 400 metros del lugar del suceso, después de que el análisis de ADN determinara la existencia de sangre de la víctima en las muestras tomadas a los animales.
Además, cuando fueron capturados, los perros presentaban heridas que, presumiblemente, se habían causado entre ellos al atacarse entre sí, lo que ha llevado al juez a atribuir indiciariamente también al sospechoso un delito de maltrato animal, según el TSJ.