El juzgado que investiga la corrupción en las policías locales de Palma y Calvià ha encargado a la Agencia Tributaria que averigüe cuál es el patrimonio exacto del empresario Bartolomé Cursach.
El instructor del caso, Manuel Penalva, ha dado este paso ante las posibles reclamaciones patrimoniales que formulen empresarios afectados por los delitos que se investigan y que haya podido ser afectados por acoso policial o amenazas instadas supuestamente por el investigado.
Hasta el momento han comparecido en el juzgado alrededor de veinte personas que han declarado haber sufrido perjuicios económicos derivados de la trama corruputa. Estos empresarios estudian ejercer una acusación particular de forma conjunta. Fuentes judiciales apuntan a que los afectados que acrediten que fueron perseguidos de forma injusta podrían reclamar a los acusados tanto el dinero invertido en los negocios fracasados como posibles daños morales derivados de los delitos.