Hasta una docena de personas, entre ellas cinco empresarios y dos gestores administrativos, han sido detenidas en una operación policial desarrollada en Palma para desarticular una supuesta trama delictiva que, presuntamente, puede haber estafado unos dos millones de euros a la Seguridad Social.
Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, los detenidos son sospechosos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delitos contra la Seguridad Social.
En esta operación han participado funcionarios de la Unidad Especializada en Seguridad Social adscrita a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Baleares, cuya misión consistió en inspeccionar un conjunto de empresas en las que se habían detectado indicios de fraude en materia laboral y de la Seguridad Social.
Una vez concluidas estas comprobaciones y tras adoptar medidas para regularizar la situación de los afectados, el caso fue trasladado a la UCRIF Policía Nacional, cuya investigación reveló la existencia de una organización criminal asentada en Mallorca, que para defraudar se servía de un conglomerado de empresas utilizando a diferentes testaferros como administradores.
Por un lado se encargaba de la facilitar contratos falsos de trabajo para recibir prestaciones fraudulentas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, conseguir permisos de residencia por arraigo o renovación de estos sin llegar a mediar entre empresario y empleador relación laboral alguna, todo a cambio de una importante cuantía económica.
También habían ideado un entramado empresarial con el objetivo de eludir el pago de cuotas de trabajadores a la Seguridad Social en empresas de construcción dedicadas a reformas en hoteles y otras obras mayores.
De esta manera, ha explicado la Policía nacional, esta organización utilizaba una empresa principal sin ninguna deudas con la Seguridad Social, toda vez que es uno de los requisitos exigidos por las empresas contratistas de las reformas.
La organización disponía de otras cuatro empresas con testaferros, que eran supuestamente subcontratadas por la empresa principal, y cuyos trabajadores faenaban en las distintas obras, sin que pagarán de forma sistemática las cuotas a la Seguridad Social de estos operarios.
La red de empresarios perseguía proyectos de construcción por medio de la creación de sociedades que hacían presupuestos con un bajo coste y por debajo del mercado.
Para ello, el entramado ahorraba en los salarios de los trabajadores y en el impago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Cuando una empresa pasaba a ser inoperante a causa de su abultada deuda, esta era declarada en quiebra y se creaban otras nuevas que continuaban con el proceso.
Este tipo de procedimiento, además del perjuicio a trabajadores y a la Seguridad Social, generaba competencia desleal a otras empresas del sector ya que el entramado conseguía los contratos de reforma de hoteles, colegios públicos y viviendas.
La investigación arrojó también indicios de que una gestoría de Palma estaba vinculada a esta organización.
A esta organización pertenecen una decena de sociedades en quiebra que han defraudado a la Seguridad Social 666.102,44 euros, aunque el importe de la suma impagada por el conglomerado se estima superior a los dos millones de euros.