El Tribunal Supremo ha rebajado la condena a un funcionario que falsificaba pasaportes y DNIs en Palma. La Audiencia Provincial condenó al hombre a diez años de cárcel.
El Alto Tribunal ha estimado parte del recurso del procesado y le ha impuesto cinco años y tres meses de prisión. El Supremo entiende que los delitos de falsedad en documento oficial y cohecho deben castigarse de forma conjunta y no por separado. El Alto Tribunal ha desestimado los recursos de los otros miembros de la red criminal.
El funcionario era el cabecilla de una banda organizada. Expidió documentos oficiales a terceros, con la ayuda de otro condenado, a cambio de dinero. Ocurrió en varias ocasiones entre los meses de agosto y septiembre de 2014. Algunos acusados reconocieron los delitos en el juicio celebrado el año pasado en la Audiencia y el tribunal rebajó sus penas.
El cabecilla de la banda cumplía condena por malversación. No quiso alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y confesar los hechos. Admitió su culpabilidad en la segunda jornada del juicio. El hombre, junto a su esposa, planeaban acumular una importante cantidad de dinero mediante las falsificaciones. Querían huir a Bolivia y abrir allí un negocio.