‘Luisito' Rodríguez Toubes ha ingresado de forma voluntaria este martes a última hora de la noche en el Centro Penitenciario Mas d'Enric de Tarragona. Así lo decidieron sus abogados para evitar el circo mediático que podría haberse producido para captar la imagen del joven entrando en prisión.
Después de que el Tribunal Supremo notificara el pasado jueves a la Audiencia de Palma que se confirmaba la condena de 7 años al joven por estafa, ese mismo día la Audiencia emitió un auto en el que ordenaba su búsqueda, detención e ingreso en prisión inmediata.
Ese día no se le localizó en su domicilio de Barcelona, si bien el viernes, el condenado se puso en contacto telefónicamente con la Audiencia Provincial.
Condena
Rodríguez Toubes fue condenado en diciembre de 2015 a 7 años de prisión por estafa continuada, una condena confirmada por el Supremo.
En la sentencia, el tribunal de la Audiencia de Palma consideró probado que en 2011 el joven usó el «prestigio social» de su familia para aprovecharse de la «credulidad» de un matrimonio con «enorme patrimonio» al que ofreció una casa, que había sido propiedad de su madre, situada junto a una finca de la pareja en S'Estanyol y les propuso también comprar para ellos otra propiedad anexa que decía que costaba 1 millón de euros.
Para comprar en beneficio del matrimonio la finca contigua a su propiedad, argumentó falsamente que su madre tenía un derecho de adquisición preferente y él unos bonos de la entidad bancaria poseedora del inmueble, y pidió a las víctimas que le adelantaran fondos para entregarlos a cuenta, lo que se materializó en una treintena de cheques.
Como esos cheques no alcanzaban el supuesto montante de la venta y con el pretexto de que no recuperarían las cantidades abonadas a cuenta, convenció al matrimonio, que las magistradas definieron en la sentencia como «vulnerable» y de «peculiar personalidad», para que le cedieran otros inmuebles de su propiedad en operaciones que, les aseguró, eran una ficción tendente a aparentar solvencia ante el banco.
Consiguió que la pareja estafada pusiera a su nombre sin condiciones hasta quince propiedades inmobiliarias valoradas en conjunto en casi 39 millones de euros, donaciones que generaron al matrimonio importantes cargas fiscales de las que tuvieron que hacerse cargo.
Días después de que dictara dicha sentencia, la Audiencia de Palma dictó varias medidas cautelares a petición de la Fiscalía y la acusación particular: ordenó que el joven compareciera semanalmente ante la autoridad judicial, le retiró el pasaporte, le bloqueó las cuentas y le prohibió vender cualquier propiedad.