La acusación particular en el caso que investiga la presunta trama de corrupción urdida en la Policía Local para extorsionar a empresarios turísticos ha impugnado el recurso interpuesto recientemente por el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, contra las medidas cautelares que pesan sobre él, y critica que su táctica sea la del «sálvese quien pueda» y la de «jugar a la confusión» en el marco de esta causa.
Mediante un escrito el letrado que representa a un policía local denunciante de los hechos asevera que, durante la declaración que prestó a finales de agosto, el exdirigente 'popular' no aportó «ni un sólo elemento que permitiera sustentar su inocencia», pues no manifestó por qué los testigos que le incriminan faltan a la verdad, como él alega, sino que las partes acusadoras «hemos de acto de fe ciega y creer en sus palabras cual evangelizador».
En esta línea, el abogado Francisco José Pérez califica de «lacrimógenas» las alegaciones vertidas por la defensa de Rodríguez en relación a una «inexistente» vulneración de su presunción de inocencia y en contra de que le fuese prohibido acercarse a menos de 300 metros del departamento de Policía Local.
De hecho, asevera que el juez instructor de estas diligencias, Manuel Penalva, consideró que existían razones «suficientes» para decretar estas medidas, «máxime cuando la declaración del imputado consistió, fundamentalmente, en negar cualquier relación con los hechos e incriminar» al regidor y diputado del PP Alvaro Gijón -citado a declarar este viernes también en calidad de investigado-.
«Véase, pues, cómo la táctica del sálvese quien pueda ha dado inicio», ha manifestado el letrado de la acusación particular, quien subraya que Rodríguez «no dio una sola razón» acerca de por qué reiterados testigos «alegan que el imputado ejercía poder suficiente tanto como cuando fue concejal, conseller o delegado del Gobierno para que se otorgasen tratos de favor a empresarios y policías locales afines a él».
La acusación incide en que no sólo se ha acreditado en la causa que «existen indicios de un comportamiento criminal en perfecta sincronía y ritmo con el resto de encausados», sino que el testimonio de Rodríguez «no permitió disipar ni crear una duda mínimamente razonable de que es un presunto delincuente y por ello se le imputó».
El abogado recrimina además cómo en su declaración el expresidente del PP de Palma manifestó que «todos mentían», en alusión a quienes le habían mencionado en la causa, «si bien reconoció que tampoco tiene enemistad con ninguno de ellos», por lo que, añade, «se ignora qué espurio u oscuro móvil pueden albergar para atribuir los delitos de cohecho, extorsión, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal a tan insigne figura de la política».
Finalmente, afirma que el «exiguo» recurso de Rodríguez «adolece de motivación» en cuanto a «en qué se le ha causado indefensión o por qué se ha vulnerado su presunción de inocencia al acordarse unas medidas cautelares como las que nos ocupan. Y en caso de ser realmente inocente, no discutiría», añade.
En su recurso, presentado ante la Audiencia Provincial de Baleares, la defensa de Rodríguez critica, además de la vulneración de la presunción de inocencia, la «absoluta falta de imparcialidad» hacia él en la instrucción de estas pesquisas.
El letrado recrimina en esta línea el tratamiento procesal recibido por Rodríguez y lamenta cómo las anteriores medidas cautelares «menoscaban, sin fundamento alguno ni de hecho ni de derecho, la libertad personal y la presunción de inocencia» del que fuera también conseller de Interior en el último mandato de Jaume Matas y representante del Ejecutivo central en Baleares.
El nombre de Rodríguez figura en numerosas ocasiones a lo largo del amplio sumario de la causa, en el que llega a ser considerado el «artífice en la sombra del organigrama corrupto» creado para beneficiar a determinados responsables políticos del PP así como a varios de los principales grupos de ocio nocturno de Mallorca, entre ellos el Grupo Cursach.