El titular del Juzgado de Instrucción número 12, Manuel Penalva, interroga este viernes, en calidad de investigado, al expresidente del PP de Palma José María Rodríguez, quien dimitió del cargo a principios del mes de julio por su presunta vinculación con la trama de corrupción urdida en la Policía Local en forma de extorsiones y amenazas a empresarios turísticos con la connivencia de altos cargos políticos.
El nombre de Rodríguez, conseller de Interior en el último mandato de Jaume Matas y exdelegado del Gobierno en Baleares, figura en numerosas ocasiones a lo largo del amplio sumario de la causa, en el que llega a ser considerado el «artífice en la sombra del organigrama corrupto» creado para beneficiar a determinados responsables políticos del PP así como a varios de los principales grupos de ocio nocturno de Mallorca.
De hecho, un funcionario del Ayuntamiento de Palma, Pedro T., quien se encuentra en prisión provisional por estos hechos, destacó ante el juez, un día antes de la dimisión de Rodríguez, el papel que éste ejercía en el Consistorio pese a no ostentar ningún cargo público: «No le hacía falta ser concejal para colocar a sus franquiciados» en el Ayuntamiento, llegó a declarar.
Asimismo, un agente de la Policía interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para poner en conocimiento de los investigadores que otro efectivo, Jaime G., «en su parapeto sindical», ha llegado a convocar reuniones políticas por parte de los policías turísticos con Rodríguez «con el fin de captar votos para el Partido Popular» y así «de nuevo exhibir su poder y control» sobre el cuerpo.
En su denuncia, que el agente presentó en agosto de 2014, éste recalca cómo en la última legislatura del PP al frente del Ayuntamiento de la capital balear «de manera más notoria se ensalzan unos personajes que no sólo planificaban la estructura policial» sino que durante la organización de ésta «tomaban contacto con responsables policiales» para mostrarles «quién llevaba el peso de la organización».
El juez apunta en numerosas resoluciones a una trama de corrupción en la que los agentes investigados habrían utilizado «la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos, el trato desigual para unos empresarios y correlativo de favor para otros, las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio, las fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios y la venta por parte de agentes de policía de objetos incautados a vendedores ambulantes».
IMPUTADO EN EL CASO OVER
Cabe señalar que esta no es la única causa en la que el expresidente del PP se encuentra imputado. También está bajo el punto el punto de mira en el marco del caso Over Marketing. Considerado la ramificación de la trama Gürtel en Baleares, este procedimiento judicial investiga la presunta financiación ilegal de la formación 'popular' así como el trato de favor que habría recibido a cambio la empresa Over en forma de contratos públicos.
El dueño de Over, Daniel Mercado, quien se ha prestado a colaborar en el marco de las pesquisas, aseveró ante el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach que «quien realmente tomaba las decisiones en el PP» era Rodríguez, tal y como manifestó al ser inquirido en torno a la campaña electoral del PP de 2003 -diseñada por Over- y más en concretó sobre el papel que en ella jugó quien fuese mano derecha de Matas.
De hecho, Mercado llegó a aseverar que pactó con el expresidente poder cobrar parte de los gastos de la campaña «en B» -dinero opaco al fisco- y que el propio Rodríguez llegó a hacerle uno de estos pagos en las antiguas oficinas del PP. Es más, recordó que los presupuestos que presentaba a los exaltos cargos del PP eran supervisados por el expresidente del PP de Palma, ya que éste tenía «una gran experiencia en costes de campañas electorales».
Precisamente, respecto al exalto cargo, los investigadores le exhibieron un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, explicó Mercado, obedecía a que «este resto» se le tenía que abonar «en concepto de los servicios electorales». «Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez», aseveró.
Caso Andratx
Rodríguez, también exsenador por Baleares y exsecretario general del PP en las islas, ya se vio las caras con la justicia cuando en junio de 2010 el juez le citó como testigo en la causa de corrupción urbanística conocida como caso Andratx, para ser interrogado sobre si fue él quien alertó al exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo de que iba a ser detenido, todo ello la misma mañana de los hechos.
De hecho, tan sólo dos días antes -sábado por la mañana-, Rodríguez e Hidalgo mantuvieron varias llamadas para concretar la reunión que, por la tarde, mantendrían con Matas en la sede de la Presidencia del gobierno balear, donde el expresidente insinuó al alcalde que algo iba a suceder en su Ayuntamiento y que, en ese caso, debía dimitir.
Al día siguiente, domingo, Hidalgo acudió al Consistorio para destruir documentos que posteriormente fueron encontrados por la Guardia Civil en la basura. Durante su declaración ante el juez, el magistrado le advirtió en varias ocasiones de que podía ser imputado por un delito de falso testimonio ante las contradicciones en las que el exconseller estaba incurriendo durante el interrogatorio.