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Corrupción en la Policía Local de Palma

Nueve policías locales niegan la extorsión a un empresario de ocio en la Platja de Palma

Tres de los abogados que defienden a policías locales este martes antes de comparecer junto a sus clientes ante el juez Manuel Penalva en relación con la trama de corrupción en la Policía Local de Palma. | Teresa Ayuga

| Palma |

Nueve policías que han declarado como investigados este han negado ante el juez de Instrucción número 12, Manuel Penalva, que investiga presunta corrupción en la Policía Local de Palma, haber extorsionado a un empresario de ocio nocturno y haber aceptado sobornos.

En sus comparecencias por separado ante el magistrado que se han producido a lo largo de la mañana, todos han coincidido en negar haber reclamado y aceptado pagos en metálico o mediante servicios de prostitución a cambio de beneficiar a un empresario de ocio que denunció los hechos, e incluso varios de ellos han dicho que ni siquiera lo conocen, han informado fuentes jurídicas.

El empresario de ocio declaró como testigo ante el juez que varios policías le habían exigido dinero y servicios sexuales a cambio de hacer la vista gorda ante ilegalidades cometidas en su establecimiento e identificó en fotografías y mediante descripciones detalladas de qué agentes se trataba.

Han negado las acusaciones los nueve policías citados este martes a declarar como investigados por el juez por extorsión y cohecho, todos ellos miembros de las unidades denominadas GAP y la UIP.

A lo largo de esta semana, está previsto que declaren ante el juez varios agentes más.

En este caso, por el que a lo largo de la investigación se ha dictado prisión preventiva para 17 policías y un funcionario, el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan presuntos delitos de tráfico y tenencia ilícita de armas, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, coacciones y cohecho.

También se investigan amenazas, extorsión, falsedad, uso de información privilegiada, delitos contra la salud pública, fiscales y contra el medio ambiente.

El juez considera que los investigados en esta causa, algunos de ellos con cargos de responsabilidad de la Policía, actuaban con impunidad, extorsionaban a empresarios de ocio y beneficiaban a otros a cambio de dinero y prebendas.

Además de gozar de privilegios en locales de ocio, tenían intereses económicos y empresariales en materias en las que intervenían como agentes policiales.

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