El juez de Instrucción número 12, Manuel Penalva, que investiga la presunta trama de corrupción en la Policía Local de Palma, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional sin fianza de un agente que había sido detenido por supuestas amenazas a una testigo protegida en esta investigación.
En este caso, por el que a lo largo de la investigación se ha dictado prisión preventiva para 17 policías y un funcionario, el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan presuntos delitos de tráfico y tenencia ilícita de armas, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, coacciones y cohecho.
También se investigan amenazas, extorsión, falsedad, uso de información privilegiada, delitos contra la salud pública, fiscales y contra el medio ambiente.
En varios de los autos dictados a lo largo de la investigación, el magistrado ha explicado que hay testigos de esta causa que están «aterrorizados» porque los investigados y quienes les apoyan «han perpetrado numerosos actos de intimidación y coacción».
Ha habido diversos episodios de coacciones y amenazas a agentes de policía que denunciaban las prácticas corruptas, a la anterior jueza instructora de la causa y al propio juez actual, a la regidora de Seguridad de Palma y contra el director general de Seguridad y el fiscal de la causa.
Después de varias detenciones de investigados llevadas a cabo en enero de 2015, algunos agentes se apostaron en la rampa del juzgado de guardia a bordo de un furgón policial sin servicio ni cometido para impedir la salida de los fiscales anticorrupción.
Uno de los testigos denunció al juez haber sido perseguido y amenazado por «una banda de rumanos».
El magistrado cree que varios de los investigados han intentado además alterar, manipular, destruir u ocultar pruebas en varias ocasiones.
El juez considera que los investigados, algunos de ellos con cargos de responsabilidad de la Policía, actuaban con impunidad, extorsionaban a empresarios de ocio y beneficiaban a otros a cambio de dinero y prebendas. Además de gozar de privilegios en locales de ocio, tenían intereses económicos y empresariales en materias en las que intervenían como agentes policiales.
El algunos de sus autos anteriores, el juez Penalva ha mencionado fiestas privadas con sexo, droga y alcohol a cuenta de determinados empresarios, la venta por parte de agentes de policía en el Polígono de Son Bugadelles de objetos incautados a vendedores ambulantes y la venta coactiva de seguros, cámaras de vigilancia, servicios de gestoría, de limpieza, aires acondicionados, tapicería y máquinas expendedoras a empresarios.
También se investiga el consumo de sustancias estupefacientes por parte de varios agentes en algunos de los locales extorsionados e incluso que se quedaran para consumo propio o para venderla droga intervenida en inspecciones a locales de ocio.