El abogado de la familia de David Grimaldos, el joven de 18 años electrocutado el 31 de agosto de 2014 al tocar una farola en Bunyola, ha pedido este viernes 3 años de prisión para el exalcalde, Jaume Isern, y 4 para el exelectricista municipal por imprudencia grave, al considerarlos responsables del «nulo» mantenimiento del alumbrado público.
En el juicio que ha quedado este viernes visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 4 de Palma, el letrado ha considerado al exalcalde responsable del mal estado del alumbrado público y también al entonces electricista municipal, ya jubilado, «por omisión y por ignorancia» porque «no hizo ningún tipo de actuación» ni de mantenimiento de la instalación ni de revisión.
El joven murió el día de la verbena de los quintos cuando, al saltar una valla metálica para ir a orinar, se apoyó en una farola y recibió una descarga eléctrica, según ha recordado el abogado de sus padres, que ha destacado que durante el juicio ha quedado claro que la corriente de 137 voltios la produjo la farola en mal estado.
Ha insistido en que, según varios ingenieros, el mantenimiento era deficiente, el titular del alumbrado público era el ayuntamiento de Bunyola y la normativa del año 70 convertía en obligatorias las revisiones anuales de la toma de tierra de las farolas, que nunca se hicieron.
Ha puesto en duda que ni el exalcalde ni el exelectricista supieran que el estado del alumbrado no era adecuado, aunque no hubiera denuncias registradas, cuando había habido numerosas quejas verbales, y el propio funcionario declaró en el juicio que había informado al primer edil de varias deficiencias.
Sobre el hecho de que el electricista no tuviera homologada la titulación, el abogado de la familia del fallecido ha subrayado que «la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento».
La familia recibió 150.000 euros de indemnización de la compañía de seguros del ayuntamiento, pero el letrado ha reclamado 100.000 adicionales como responsabilidad civil.
La fiscal, María Moretó, ha modificado sus conclusiones al considerar que lo ocurrido constituye una falta, que no implica condena penal, y ha solicitado que no se imponga ninguna pena a los acusados.
Considera que en este caso ha habido una «actuación negligente y incumplimiento del deber objetivo de cuidado» pero cree que se trata de «una omisión no intencional» por parte de los acusados y que es de carácter leve.
La fiscal cree que el electricista debería haber tenido «más cuidado» sobre el alumbrado y ha añadido que no homologó su titulación «simplemente porque no se enteró» ya que los servicios jurídicos del ayuntamiento no le avisaron.
Respecto al alcalde, la fiscal ha dicho que «tuvo la desgracia» de que el fallecimiento se produjo durante su mandato y ha criticado que debería haberse preocupado de si tenía el personal adecuado «para que los conciudadanos estén seguros, y no lo hizo"
La defensa del exalcalde ha pedido su absolución por considerar que no incumplió ninguna norma, no tuvo ninguna constancia de que existiera un riesgo y tampoco tenía la función de garante por el mero hecho de ser alcalde, ya que no puede hacerse responsable de todas las actuaciones históricas del consistorio.
El letrado ha destacado que en este caso «es evidente que el ayuntamiento funcionó anormalmente desde el punto de vista administrativo», por lo que existe una responsabilidad patrimonial por la que el consistorio ya ha indemnizado a la familia, pero el alcalde no es responsable penalmente.
También el defensor del electricista ha pedido la absolución porque el único requisito que se le exigió para acceder a la plaza fue tener entre 21 y 45 años, pero ninguna formación específica.
Ha indicado que ni el ayuntamiento ni su personal estaban autorizados para hacer trabajos de mantenimiento de la instalación eléctrica y aún así, ha recordado que, por su cuenta y riesgo, el electricista pidió por escrito en marzo de 2007 al ayuntamiento que se hicieran unas mejoras en el cuadro eléctrico de la farola dañada, y nunca recibió una respuesta del consistorio.