El juez instructor de la presunta trama de corrupción policial de Palma está investigando si se dieron órdenes a medida para favorecer los intereses particulares de empresarios implicados en la misma.
A lo largo de los últimos meses, Manuel Penalva, magistrado de Instrucción número 12 y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán han tomado declaración a una gran cantidad de testigos, la gran mayoría, agentes de la Policía Local de Palma destinados en la comisaría de Distrito Litoral (Platja de Palma). Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora, numerosos funcionarios policiales reconocieron que sus mandos les obligaban a patrullar en compañía de un intérprete pagado por los empresarios de la zona.
La autoridad judicial sospecha que dicha ordenanza cívica estaba diseñada políticamente a medida para erradicar el botellón exclusivamente entre los balnearios 4 y 7. De esta manera, según declaraciones policiales, se beneficiaba a los locales de ocio ubicados en esa zona perjudicando con ello a todos los que quedaban fuera de dicho trazado.