El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha acordado prorrogar un mes más el secreto de las pesquisas en torno a la presunta trama de corrupción urdida en el seno de la Policía Local en forma de extorsiones y amenazas a empresarios, principalmente en la Platja de Palma, mediante un auto en el que advierte de que continúan practicándose «numerosas testificales que siguen arrojando datos incriminatorios contra muchos de los investigados».
En su resolución judicial, el juez señala asimismo que se trata de «extremos que deben ser analizados de forma reservada», toda vez que incide en que aún resta numerosa documentación, dispositivos de telefonía móvil y discos duros por valorar.
El magistrado asevera además que el Ayuntamiento de Palma, «a pesar de la incuestionable colaboración dispensada en esta investigación» por la regidora de Seguridad Ciudadana y el director general de esta área, todavía no ha facilitado toda la documentación requerida al Consistorio «sin que podamos descartar en este momento la necesidad de reclamar más documentación a tenor de las pruebas que siguen practicándose».
Autos anteriores
El juez da por expuestos los hechos a los que apunta en sus autos anteriores, en los que apuntaba a nuevos altos cargos políticos -cuyos nombres evita mencionar- vinculados con las prácticas «pseudomafiosas» llevadas a cabo por una «organización criminal» cuyos miembros son «auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas».
Penalva recuerda en el auto recién dictado cómo en el marco de estas investigaciones se ha acordado la prisión preventiva de un total de 16 agentes, «debido a que tras ser oídos en declaración se ha corroborado indiciariamente la realidad de los hechos denunciados, que precisan ser investigados reservadamente».