La Dirección General de la Guardia Civil ha autorizado que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, que investigan el caso de la corrupción policial, vayan armados. En un primer momento, la delegación del Gobierno rechazó esta posibilidad por falta de documentación, lo que provocó que Penalva y Subirán se enfrentaran con la delegada del Gobierno, Teresa Palmer.
En las alegaciones de Penalva y Subirán, a las que ha tenido acceso Ultima Hora, con fecha del 10 y 11 de noviembre respectivamente, los dos protagonistas sostenían que estaban amenazados y que temían por su integridad. Penalva indicó que «independientemente del riesgo objetivo que supone mi profesión, y que no debería ser necesario explicar, no ha habido momento ni creo que lo haya en el futuro, donde esté más justificada la renovación de la licencia solicitada, pues desde hace unos meses he asumido la instrucción del popularmente conocido como caso exámenes' o ‘caso policías', habiendo acordado el ingreso en prisión de nueve agentes de la Policía Local».
En su alegación, Subirán también explicaba los motivos por los que se sentía amenazado y se mostraba contrariado por el primer informe desfavorable: «Quiero que este escrito sirva de advertencia a todos los que habiendo intervenido en el expediente administrativo han informado de manera desfavorable, a fin de que asuman las responsabilidades personales y no las declinen».