El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, encargado de la causa que indaga el presunto amaño en las oposiciones a oficial de la Policía Local llevadas a cabo en 2012, ha citado a declarar, el próximo martes, al exintendente jefe del cuerpo Antoni Vera tras las últimas investigaciones llevadas a cabo y el encausamiento de tres funcionarios del Ajuntament.
Mediante una providencia la jueza de refuerzo María Gerónima Llabrés emplaza a Vera a comparecer como imputado a partir de las 10.00 horas. El pasado mes de octubre, el encausado pidió declarar de forma voluntaria en el marco de estas pesquisas.
La defensa de Vera reclamaba asimismo que se incauten las grabaciones que permitan determinar la procedencia de los correos electrónicos que fueron días antes aportados al caso, y que revelarían el amaño de las adjudicaciones de puestos vacantes dentro del cuerpo durante la pasada legislatura. El imputado quería con ello evitar la destrucción de las filmaciones por tratarse de una prueba «plenamente esclarecedora».
Recientemente, el juez instructor de la causa, Manuel Penalva, interrogó como imputados a tres funcionarios municipales por presuntamente participar en el amaño de las adjudicaciones de puestos. El fiscal anticorrupción Miguel Angel Subirán atribuye a todos ellos delitos de malversación y prevaricación.
Sus nombres, Celia Martínez, Bárbara Bosch y Juan García, figuran en diversos correos electrónicos aportados a la causa y que revelarían la manipulación en la asignación de plazas. De hecho, en uno de los emails, a los que tuvo acceso Europa Press, una de las trabajadoras ahora imputadas llega a exclamar ante estas actuaciones: «`Estamos muertos! `De aquí a los juzgados!».
En su comparecencia, García recordó cómo Vera le dijo que quería «satisfacer» a los interinos con la adjudicación de plazas en el cuerpo, y que él le respondió que de así hacerlo debía ajustarse a los criterios aprobados por el Consistorio.
Por su parte, Bosch aseguró que todo lo que hacía era por orden de sus «superiores». «Todo venía de arriba», apuntó la declarante, aludiendo al entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, y a la de Función Pública, Irene San Gil, así como al propio Vera. No obstante, recalcó que creía que «todo era correcto».
Investigación
Junto al supuesto amaño en las oposiciones, el juez investiga bajo secreto una presunta trama de extorsión a empresarios turísticos urdida en el seno de la Policía Local con la connivencia y el respaldo de diversos cargos públicos. En el último auto, con el que acordó prorrogar el sigilo sumarial un mes más, señala que las pesquisas en torno a estos hechos están arrojando nuevos datos, «algunos de ellos escalofriantes».
El juez aseveraba que la «avalancha continua» de nuevos datos, «reveladores de la comisión de múltiples y a veces complejos delitos por personas con conexiones a distintos niveles, dificulta sobremanera el alzamiento del secreto sin perjudicar con ello de forma irremediable esta investigación».
De hecho, incide en que los indicios de «chantaje, coacción y uso torticero del poder» por parte del grupo delictivo «conlleva la convicción de que, de no mediar el secreto de la causa, pocas personas se hubieran atrevido a declarar en libertad».
En el mismo auto, el magistrado señala asimismo que la Fiscalía ha abierto diligencias informativas en torno a las amenazas supuestamente vertidas por algunos de los agentes encausados. «Lo cierto y verdad es que muchos testigos no es que tengan miedo, es que están aterrorizados», recalca.