El joven de 24 años acusado de estafar a un matrimonio amigo de su familia para que le donaran fincas y fondos por valor de unos 38 millones de euros ha justificado este lunes en el juicio las donaciones en el hecho de que le cogieron «un cariño y un afecto desde niño» y porque le veían «de su misma condición».
«Los estuve tratando y un día me dicen que no tienen hijos, no tienen descendencia y que les gustaría que su patrimonio quedara en manos de alguien de su misma cuerda», ha detallado L.A.R.T.R. en su declaración ante el tribunal que le juzga por presunta estafa continuada, un delito por el que o, la Fiscalía reclama para el procesado un total cuatro años de cárcel.l, y los perjudicados 8 años.
Según el joven, Llucmajor, la localidad de procedencia de su madre y del matrimonio que le donó las 15 fincas, «es un pueblo pequeño» con «cuatro familias buenas» que «destacaban un poco más que el resto de habitantes» por ser «terratenientes con muchas fincas», entre gente payesa. Entre esas familias ha incluido la suya, la de los donantes «y alguna más».
Ha admitido que semejante donación no es algo corriente y que a él mismo le sorprendió, pero no cuestiona los motivos: «Pensaban que la chaqueta no me iba a quedar grande», ha dicho.
«Claro que me sorprendía, yo era el primer sorprendido, pero lo hicieron porque quisieron. Normal no es normal pero lo hicieron porque era su voluntad, fueron a los notarios, me lo donaron y punto, como se lo podían haber donado a otra persona», ha explicado.
Ha insistido en que «ellos querían que quedara su patrimonio en alguien acostumbrado al patrimonio, que tuviera patrimonio y fincas» y no ha explicado por qué las donaciones se hicieron en varias tandas y no todas a la vez.
«Son personas un tanto peculiares, no es gente habitual que lleve una vida común, es gente que ha vivido toda la vida de su patrimonio», ha dicho para justificar que quisieran donarle sus fincas.
«Tontos no eran desde luego, ellos gestionaban su patrimonio, tenían asesores y tenían abogados», ha afirmado el joven, que ha detallado que los notarios en cada ocasión que firmaban escrituras, les advertían de lo que implicaba una donación.
Según el joven, no tomó ninguna decisión sobre las propiedades hasta que, después de una primera donación de cuatro fincas, le anunciaron que le donarían otras: «Ya hago un plan y digo, bueno pues de lo que ella me dona voy a tener que vender alguna finca para hacer frente al pago de impuestos», ha detallado.
Acerca de un documento que le entregaron en junio 2011, especificando que podía hacer uso y disfrute de las propiedades «a su manera», ha asegurado que les pidió que lo redactaran: «Si iba a vender una finca, tenía que entrar con los payeses y es más fácil pedirles que me hagan un papel que llevar un saco de escrituras».
«Ese documento era por si yo entraba en un finca y me venía el payés de turno», ha insistido y ha precisado que no necesitaba ningún tipo de autorización para vender las propiedades: «Desde el momento en que ellos me lo donan y no ponen ninguna condición, ningún usufructo, ni ponen nada, es que yo puedo hacer con esas propiedades lo que me da la gana».
El dinero en efectivo y en cheques que le donaron, era para tributar por la donación entre extraños ya que, según el acusado, tenía que pagar «una barbaridad de impuestos». En uno de los casos fue para compensar una operación porque una de las propiedades estaba en estado ruinoso.
Según el joven, el matrimonio se molestó a raíz de que intentó vender una finca y porque «malmetían» una vecina y «más gente que tenía pretensiones sobre el patrimonio de estos señores». «La cosa se torció porque me fui a Madrid y cuando volví vi que estaba el ambiente muy tenso y desagradable», ha asegurado.
«Yo actuaba con normalidad porque si están enfuruñados pues ya se les pasará», ha descrito.
Sobre la propiedad que vendió al matrimonio, con un título registral a nombre de su madre que no era válido (por doble matriculación) y por la que pagaron 30.000 euros, ha asegurado que ellos eran conscientes de que la llamada casa de la criada tenía esos problemas legales.
«Se puso 30.000 euros porque había que poner un cantidad. Nadie compra en primera línea por 30.000 euros que yo sepa. Entonces los estafados somos nosotros», ha afirmado.
El juicio proseguirá mañana. También está acusada la madre del joven, como beneficiaria a título lucrativo, y un intermediario en las permutas para quien la acusación particular pide 5 años por blanqueo.