Un funcionario que trabajaba en la oficina que tramita los documentos de identidad en la Jefatura de la Policía Nacional de Palma ha aceptado una condena de un mes y medio de cárcel por quedarse con la tasa que pagaban los ciudadanos por renovar su DNI.
El acusado fue quien confesó el delito a sus superiores y aceptó esa pena en un juicio por procedimiento del jurado por malversación. La condena de prisión se sustituirá por una multa que asciende a los 1.200 euros.
El acusado se aprovechó de un resquicio del programa informático para quedarse con las tasas abonadas por 113 ciudadanos. Para renovar el documento hay que pagar 10,60 euros. No hay que hacerlo si lo que se pretende es notificar un cambio de dirección. El funcionario se aprovechaba de que el programa informático registraba como cambio de domicilio la más nimia modificación de una dirección. Así, si una persona vive en un primero, bastaba con cambiar ‘1º' por ‘planta 1' para que se registrara el cambio. El funcionario cobraba la tasa a un ciudadano que creía que había renovado el documento y que, por lo tanto, no sospechaba nada extraño, la registraba como un movimiento que no necesitaba ningún pago y se quedaba con el efectivo.
El acusado queda condenado también a pagar una indemnización al Estado de 1.144 euros y será suspendido para empleo público mes y medio.