La Fiscalía reclama tres años de cárcel para 21 acusados de intervenir en un gran fraude para acceder a las ayudas del Ministerio de Industria a la compra de vehículos nuevos. A lo largo de todo el año 2010, el ministerio público describe cómo cuatro grandes concesionarios de Palma e Inca con la ayuda de un desguace simularon compras y ventas de coches antiguos para conseguir una subvención de 500 euros a sus clientes.
El procedimiento era siempre el mismo. La clave era una empresa dedicada a dar de baja a coches. Esta mercantil surtía de coches viejos a los concesionarios. En ese momento las ayudas se cobijaban en el plan 2000E. Industria pagaba 500 euros a cada persona que comprara un vehículo nuevo siempre que diera de baja el antiguo.
Los clientes de los concesionarios firmaban unos documentos en blanco y luego, sobre éstos, los comerciales y los dueños del desguace simulaban que el vehículo que se daba de baja era en realidad del cliente, para que éste pudiera rebajarse 500 euros. La operación se repitió durante cuatro meses en 39 ocasiones, que fueron los coches que se vendieron. La persona que daba de baja el coche no sabía nada de estas maniobras. El juicio se celebrará el próximo mes de julio en un juzgado de lo Penal de Palma.