En 2009 la alcaldesa de entonces, Aina Calvo, autorizó que una empresa de detectives investigara a un total de 24 agentes de la Policía Local de Palma, que acumulaban bajas laborales muy sospechosas. Finalmente, se constató que al menos seis de estos policías tenían doble y triple trabajo y vínculos «muy claros» con empresarios de la noche.
Se les acusó de falta muy grave, pero todos ellos han seguido en la plantilla desde entonces. Varios de los detenidos en la operación de esta semana contra la corrupción policial ya aparecían hace cinco años en la famosa «lista negra» del cuartel de San Fernando.
En ese momento, los investigadores privados detectaron que había 24 policías municipales que podían haber estado engañando a sus mandos y superiores, y se iniciaron una serie de seguimientos, inspecciones de patrimonio y grabaciones de vídeo. La invesigación costó al consistorio unos 30.000 euros.