El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma tomó este miércoles declaración a los ocho agentes de la Policía Local arrestados por una supuesta trama de corrupción en torno al Grupo de Acción Preventiva (GAP) en la Platja de Palma.
La mayor parte de los ocho implicados o bien optaron por declarar sólo a sus defensas o bien negaron cualquier implicación.
Uno de los que respondió solo a su letrado fue Carlos T., subinspector que fue jefe del grupo hasta el pasado mes de mayo. Desde entonces está de baja. Afirmó que tenía enemigos dentro de la Policía Local de Palma. Está imputado, entre otros delitos por haber facilitado documentos internos de la policía. También por haber cobrado sobornos de empresarios nocturnos y formar una organización criminal con otros agentes.
Gumersindo C., el primero de los agentes en declarar, negó su participación en los hechos. Además apunta a que desde hace siete años está destinado en el Aeropuerto y no en la Platja de Palma.
Otros dos de los arrestados, padre e hijo, fueron interrogados sobre un negocio que el primero montó en la zona y que fue supuestamene beneficiado por los agentes. El hijo negó estas acusaciones y el padre, agente jubilado, declaró luego.
Entre los detenidos se encuentra también el agente que desveló parte del amaño de las oposiciones de ascenso a suboficial que investiga el mismo juzgado.
Los policías fueron conducidos de uno en uno desde distintas comisarías a los Juzgados de Vía Alemania para evitar que se comuniquen entre ellos dentro de los calabozos.
Los interrogatorios se han prolongado durante la madrugada del miércoles al jueves y se practicó un nuevo registro.
Detenciones
Los efectivos policiales fueron detenidos en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, desarrollada dentro de la causa que investiga supuestas extorsiones a empresarios turísticos así como el presunto amaño en unas oposiciones dentro del cuerpo, entre otras prácticas supuestamente ilegales.
Entre ellos se encuentran, además de 'Gúmer', los policías Miquel E.; Tomás M. y el padre de éste, así como un efectivo policial destinado en el aeropuerto de Palma y otro en Mercapalma. También se encuentran en comisaría dos de los policías presuntamente involucrados en el amaño de exámenes, Daniel M. -quien en su día se negó a declarar ante la jueza encargada de las investigaciones- y el oficial Carlos V.
Se trata de unos hechos por los que, además, han sido imputados el concejal de Seguridad Ciudadana del Ajuntament de la capital balear, Guillermo Navarro, así como el comisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, quienes este martes fueron interrogados por la jueza en su caso por supuestos delitos de coacciones y prevaricación por intentar obstruir las pesquisas.
Supuestas presiones a un agente para que no denuncie
Más en concreto, ambos fueron inquiridos en relación a un expediente administrativo que habrían incoado contra a un agente del Grupo de Acción Preventiva (GAP) a finales de 2014 que estaría colaborando en estas investigaciones, si bien negaron haber intentado presionarle para evitar que denunciara hechos ilícitos.
En el caso de Mut, negó haber ejercido presiones sobre el agente sancionado para que éste no revelase conductas ilegales producidas dentro del cuerpo, y aseveró que, en realidad, el efectivo afectado fue cambiado de destino no por haber denunciado los hechos, sino para evitar que hubiera más enfrentamientos de los que ya existían entre varias fracciones de la Policía.
En concreto, el caso se inició a raíz de la presunta manipulación en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en el cuerpo policial y que llevó al Instituto Armado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.
A raíz de este supuesto amaño de exámenes está imputado el exintendente jefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera, quien negó en su día haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas, y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto.
Mientras tanto, en relación a las supuestas extorsiones fueron detenidos un año después el inspector jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, y otros dos mandos del cuerpo. La jueza decretó para los tres su ingreso en prisión sin fianza, si bien varias semanas después fueron puestos en libertad provisional.