El Ministerio de Interior ha dejado correr el plazo sin responder a la reclamación de la familia de Ana Niculai por lo que entienden «gravísimos fallos» que permitieron que un preso que estaba en tercer grado, Alejandro de Abarca, la secuestrara y asesinara en julio de 2009. La falta de respuesta del Gobierno lleva a que la familia mantenga la reclamación, esta vez por la vía judicial ante la Audiencia Nacional.
Alejandro de Abarca, condenado a 30 años de cárcel por el crimen, cumplía condena por varios delitos, robos con violencia, cuando mató a la joven. Estaba en tercer grado y ya tenía permisos de fin de semana. Fue tras una de estas salidas cuando secuestró a la joven. El fin de semana anterior a su fuga había cometido un robo con violencia por el que fue condenado a dos años y medio de prisión. Este hecho, pone de relieve la «evidente y demostrada peligrosidad previa de Abarca» que, según los familiares de Nicuali debió de haber servido para que se le denegaran estos beneficios penitenciarios.
Los diez hermanos de la víctima reclaman al Ministerio 1,6 millones en una petición que se registró el pasado mes de abril. Tras seis meses, la Administración no ha respondido a la familia, por lo que se entienden desestimada la reclamación por silencio administrativo.