El Tribunal Constitucional ha declarado en una sentencia que un juzgado de Palma vulneró el derecho a la libertad de dos detenidos por no admitir la petición de su letrado de que se revisara su arresto.
Los hechos ocurrieron dentro de une investigación por un delito contra los derechos de los trabajadores vinculada con una trama de inmigración.
La UCRIF de la Policía Nacional detuvo en su casa a uno de los dos sospechosos el diez de julio de 2013 y unas horas después arrestó al segundo, que compareció de forma voluntaria en la jefatura.
A las diez de la noche la policía dijo al letrado de los detenidos que no les iban a tomar declaración hasta el día siguiente y que esa noche la pasarían en el calabozo.
El abogado, Jaime Campaner presentó en el juzgado de guardia una solicitud de habeas corpus. El magistrado, el titular del Juzgado de Instrucción 11, Manuel Penalva, era el mismo que llevaba la investigación contra los dos detenidos y directamente inadmitió la petición por un auto.
El Constitucional ve ahí la vulneración del derecho fundamental ya que así les «privó de sus derechos a ser oídos y proponer prueba ante el juez».