Los abusos sexuales denunciados por un joven, entonces adolescente, que han llevado al Arzobispado de Granada a apartar del ejercicio a varios sacerdotes fueron supuestamente cometidos durante varios años por tres curas contra quienes dirige la denuncia.
La denuncia fue interpuesta por la supuesta víctima el pasado octubre ante la Fiscalía Superior de Andalucía, después de que, según las fuentes, el denunciante recibiera en agosto una llamada telefónica del papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia tras leer el escrito que, dirigido «directamente» a él, le remitió relatando los hechos.
Según las fuentes, el joven, que en la actualidad tiene 24 años, dice haber sido víctima de abusos sexuales durante varios años, aproximadamente desde los 13 o los 14 y hasta la mayoría de edad.
Por aquel entonces, el denunciante, que ayudaba voluntariamente en labores relacionadas con la Iglesia, pasaba algunas temporadas en la casa de un sacerdote ubicada en un populoso barrio de Granada, donde supuestamente se produjeron los hechos, según las fuentes.
No era una convivencia habitual e ininterrumpida, sino esporádica y que en ocasiones llevaba al joven a dormir en el domicilio.
La supuesta víctima dirigió inicialmente su denuncia contra tres sacerdotes -entre ellos el inquilino de la citada vivienda- como presuntos autores materiales de los abusos, de los que habrían sido partícipes como encubridores o conocedores del asunto otras tantas personas.
El joven manifestó que lo que le ha pasado a él le ha podido estar ocurriendo a otras personas que hayan convivido con los acusados, algo que en todo caso tendrá que dilucidar la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que ha decretado el secreto de sumario.
Esa investigación se centra en doce personas, entre ellas los sacerdotes a quienes el Arzobispado de Granada ha apartado del ejercicio como «directamente acusados» y que, según algunas fuentes, son tres, los mismos contra quienes el joven habría dirigido su denuncia.
El resto de los investigados en el marco de estas diligencias judiciales serían religiosos y seglares.
El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha señalado hoy que la Policía Nacional mantiene abiertas dos líneas de investigación para tratar de esclarecer el grado de implicación de los religiosos denunciados y de posibles cómplices y si hubiera más personas afectadas por los presuntos abusos sexuales.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han indicado a Efe que «judicialmente» no hay previstas detenciones de momento.
El denunciante, que según las fuentes no reside ya en Granada y ejerce al parecer la docencia en un centro perteneciente a una orden religiosa, ya prestó declaración en el ámbito policial y judicial.
Por su parte, el Arzobispado de Granada ha eludido hoy hacer cualquier declaración al respecto al margen del comunicado que emitió ayer informando de que cuando tuvo conocimiento del asunto retiró del ejercicio del ministerio sacerdotal a los religiosos «directamente acusados» de los abusos.
Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han informado a Efe de que el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, no ha asistido hoy a la reunión de la asamblea plenaria, que celebra desde este pasado lunes su 104 encuentro.
La asamblea plenaria es el órgano supremo de la Conferencia Episcopal y se compone de todos los miembros de la misma, que pueden no asistir «por causas graves», aunque deben comunicarlo oportunamente al presidente, según recogen sus estatutos.