La Audiencia de Palma ha aplazado al viernes el juicio a 27 personas por una presunta estafa con créditos hipotecarios obtenidos mediante documentos manipulados, ante la falta de documentación de las seis entidades bancarias afectadas, para poder determinar la responsabilidad civil que se reclama.
El juicio por los presuntos delitos de estafa, asociación ilícita y falsedad en documento oficial, en un fraude que afectó a 49 personas, continuará ante la sección primera del tribunal provincial el próximo viernes a las 9.30 horas..
Los hechos que se juzgarán ocurrieron entre 2005 y 2007, cuando los 27 acusados crearon una organización liderada por un ex director de una oficina bancaria con conocimientos en materia comercial y financiera, para gestionar para terceros la obtención de préstamos hipotecarios y beneficiarse con ello, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.
Obtenían las hipotecas valiéndose de documentación manipulada previamente para aparentar una mayor solvencia.
La organización funcionaba principalmente por dos vías: buscando personas que se prestaran a figurar como compradores de viviendas y prestatarios de las hipotecas a cambio de cierto dinero, actuando como testaferros; o utilizando a personas que realmente estaban interesadas en adquirir viviendas pero por sus condiciones lo tendrían difícil.
En algunos casos obtenían beneficio ilícito de la diferencia entre el precio de compra de las viviendas adquiridas mediante testaferros y su venta a un precio más elevado, o bien quedándose la diferencia entre el precio real de la vivienda y la cantidad superior solicitada en el préstamo alegando la necesidad de reforma.
En el caso de las personas a quienes realmente interesaba la compra, gestionaban la obtención de una hipoteca por importe muy superior al de la vivienda, justificándolo con supuestas reformas, pero les engañaban y no les entregaban el importe de dicha diferencia alegando múltiples gastos de gestión.
Los 27 están acusados de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso medial con un delito de estafa. Doce de ellos se enfrentan además a la acusación de un delito de asociación ilícita y otro de falsedad en documento oficial y mercantil.
Para el acusado que la Fiscalía sitúa en «la cúspide» de la organización, Clemente G.O., el ministerio público pide una condena de 9 años y 4 meses de prisión y multa de 15.480 euros.
Doce de los acusados se enfrentan a penas de 8 años y 4 meses de prisión y 14.760 euros de multa; y los catorce restantes a 3 años de cárcel y multa de 4.320 euros.
En concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a las seis entidades bancarias y financieras afectadas por la estafa, en la cuantía que cada una de ellas acredite como perjuicios sufridos.
También tendrán que indemnizar a las 26 personas para quienes tramitaron préstamos hipotecarios por cuantías más elevadas que el precio de las viviendas, y cuya diferencia se quedó la organización.
El juicio comenzará el lunes ante la sección primera de la Audiencia de Palma y está previsto que se prolongue dos semanas.