La Fiscalía solicita condenas que suman 42 años de prisión para el funcionario y los tres empresarios del juego que serán juzgados a partir del próximo martes en la Audiencia de Palma por explotar máquinas tragaperras sin abonar los tributos preceptivos y vulnerando la normativa vigente.
El ministerio público acusa al administrativo de la Dirección General de Interior de ayudar, por «amistad y confianza», a los tres gestores de empresas a lucrarse mediante el impago de las tasas administrativas correspondientes a los canjes de máquinas de juego tipo A y B desde 2007 a 2009.
Además, manipuló los trámites para que pudieran instalar en bares y restaurantes tragaperras de tipo B, que solo están permitidas en casinos y salas de juego.
El fraude en las tasas de canje, según la Fiscalía, representó una merma para las arcas públicas de casi 6.250 euros.
Uno de los empresarios, que era gerente pero no propietario de varias sociedades dedicadas al juego, se embolsó los fondos que debían ir destinados al pago de las tasas.
También se acusa al trabajador público de falsear documentos para que este gerente diera de alta la instalación de una máquina tragaperras que realmente había puesto en funcionamiento casi tres meses antes sin abonar los 3.467 euros que debía haber pagado.
El administrativo de la Dirección General de Interior del Govern está acusado de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental, delitos por los que se enfrenta a peticiones de pena que suman 15 años.
La misma condena pide la fiscalía para el directivo empresarial acusado también de falsedad, además de tráfico de influencias, prevaricación, fraude y apropiación indebida.
Los otros dos empresarios, que como el anterior han devuelto las cantidades defraudadas para que se les aplique la atenuante de reparación del daño, se enfrentan a sendas penas de 6 años de cárcel por tráfico de influencias, malversación, prevaricación y fraude.
Está previsto que el juicio, que se celebrará ante la sección primera de la Audiencia de Palma, se prolongue durante el martes y el miércoles.
Uno de los testigos citados por la Fiscalía es la que fuera consellera de Interior cuando sucedieron los hechos, la socialista María Ángeles Leciñena.