La Fiscalía reclama penas que suman 42 años para los integrantes de una trama dedicada a facilitar licencias de máquinas tragaperras. El principal acusado es un funcionario de la dirección general de Interior del Govern a quien se atribuye la adjudicación de licencias automáticas a siete empresas con cuyos responsables les unía una relación de amistad.
Los hechos se produjeron entre los años 2007 y 2009. En todos los casos, la Fiscalía describe una mecánica similar: el funcionario tramitaba la documentación de máquinas tragaperras y permitía darlas de alta sin abonar las tasas. Además, se instalaban dispositivos de juego que no estaban permitidos para ese tipo de locales y que sólo podían colocarse en salas de bingo. A la administración no se le pagaban tasas y autorizaciones administrativas que suman cerca de 11.500 euros por parte de las empresas distribuidoras.
La trama fue descubierta por los propios funcionarios de la sección de juego de la dirección general de Interior. El principal acusado se marchó de vacaciones, y en su ausencia, sus compañeros descubireron las anotaciones que han destapado del fraude.
El juicio tendrá lugar el próximo mes de octubre en la Audiencia Provincial de Palma.