Un total de 109 personas han sido detenidas, entre ellos los seis responsables de la trama, después de que agentes de la Policía Nacional haya desarticulado en Eivissa una red dedicada a facilitar a extranjeros el acceso a prestaciones, subsidios y permisos de residencia, mediante la elaboración de contratos falsos a través de una empresa ficticia.
Según han informado fuentes policiales, tras el operativo se han anulado 31 autorizaciones de residencia. Además, se estima que los ingresos obtenidos por los falsificadores podrían haber superado los 500.000 euros y que el fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a más de 470.000 euros.
Las investigaciones comenzaron en octubre del pasado año a raíz de la información facilitada por la Unidad Especializada de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Delegación Insular del Gobierno.
Las pesquisas se desarrollaron en torno a una empresa dedicada supuestamente a la construcción, pero que en realidad era una sociedad ficticia. Los agentes comprobaron que la mercantil había dado de alta en el Sistema de la Seguridad Social a un total de 156 trabajadores, aunque algunos no llegaron a realizar actividad laboral alguna.
La finalidad real de la empresa era que los supuestos empleados obtuviesen de forma irregular un contrato que les permitiera acreditar la acumulación de los periodos de carencia necesarios para solicitar prestaciones o subsidios. Estas contrataciones falsas y altas irregulares también se producían para que los extranjeros, en situación irregular o pendientes de la renovación de sus permisos de residencia, utilizaran este recurso fraudulento para regularizar su situación en España o conseguir renovaciones a las que no tendrían derecho acudiendo a los procedimientos legales.
Estas conductas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad documental y estafa e incluso, dependiendo de la cuantía defraudada, de delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública o los derechos de los trabajadores.
La Policía Nacional ha destacado que los falsos empleados lograron acceder a prestaciones económicas, que en algún caso superaron los 8.000 euros, y obtuvieron permisos de residencia y paralizaron expedientes de expulsión que habían sido incoados, alcanzando finalmente la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Los falsos empresarios por su parte recibían a cambio compensaciones económicas, que llegaron a alcanzar los 3.600 euros por justificar un periodo de seis meses de trabajo.
182 CONTRATACIONES FALSAS Y 471.000 EUROS DEFRAUDADOS
La empresa investigada se constituyó en 2008. Durante su primer año de existencia se ha podido constatar que realizaron tres contrataciones fraudulentas a extranjeros.
Tras un tiempo de inactividad de más dos años, en mayo de 2011, la sociedad cambió de propietario y de nombre. En esa nueva etapa se vinculó a una gestoría que pasó a controlar las actividades de personal relacionadas con la Seguridad Social.
Inicialmente, la agencia tramitó 88 altas irregulares de trabajadores, a las que se sumaron otras 96 en el mes de agosto, que suman un total de 182. A través de estas prácticas ilegales se ha producido un fraude estimado de 471.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.
109 DETENIDOS Y 31 AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA REVOCADAS
En el transcurso de la operación se ha procedido a la detención de 109 personas a las que se les imputan delitos de falsedad documental, estafa, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los Derechos de los Trabajadores.
La obtención o prórroga de las autorizaciones de residencia mediante este procedimiento delictivo podría constituir motivo de extinción de la Tarjeta de Identidad de Extranjeros que documenta estas estancias legales, con lo que los infractores quedarían automáticamente en situación irregular.
De hecho, por parte de la Oficina Unica de Extranjeros de la Delegación Insular del Gobierno, se ha procedido hasta el momento a la revocación de 31 de estas autorizaciones.
La operación ha entrañado una enorme dificultad, al no residir los implicados en las direcciones facilitadas en el momento de la obtención de sus permisos de residencia. Muchos de ellos tenían sus domicilios en la península e incluso en sus países de origen, hecho que igualmente constituye una infracción administrativa prevista en la vigente Ley de Extranjería por la que podrían ser sancionados.
Del examen de las solicitudes de las personas detenidas se ha extraído información útil que podría conducir al desarrollo de otros operativos similares en las Islas Pitiusas.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría de Ibiza, con la colaboración de Unidad Especializada de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Delegación Insular del Gobierno y la Oficina Unica de Extranjeros de la Isla.