El Cuerpo Nacional de Policía ha procedido a la detención de tres personas de una misma familia regente de una empresa de alimentación, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública y falsedad documental, al haber falsificado las fechas de caducidad de los productos que repartían por distintas instituciones, y cuyos almacenes donde se guardaban no reunían las condiciones higiénicas y de salubridad necesarias.
Asimismo, se ha procedido a la imputación de otras cinco personas, trabajadores de esa misma empresa, por delitos contra la salud pública.
Las indagaciones se iniciaron por parte de policías adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, UCRIF 4º hace quince días, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una empresa que podría estar cometiendo estos delitos y otros contra los derechos de los trabajadores.
Por parte de la dirección de la empresa y con la participación algunos trabajadores, se pudo averiguar, además, que los vehículos de reparto de las mercancías -refrigeradores-, no funcionaban o simplemente se repartían en furgonetas sin el sistema necesario de frío.
Una vez comprobados los datos, este miércoles, los investigadores de la policía de extranjería, junto a sus compañeros de científica y seguridad ciudadana, en colaboración con la Conselleria de Salut i Consum, previa autorización del Juzgado de Instrucción correspondiente, procedieron a la práctica de un registro en la empresa dando como resultado la localización e intervención de etiquetas en blanco para grabar fechas de caducidad, disolventes utilizados para borrar fechas, productos almacenados ya caducados así como productos manipulados, equipos informáticos y documentación varia.
En el mismo acto se procedió a la detención de los encausados y citación en dependencias policiales de los demás imputados.
Los trabajadores explicaron que habían participado en estos hechos por el temor a perder sus puestos de trabajo, al tiempo que relataron que eran sometidos a horas extraordinarias no remuneradas, amenazados con despidos en caso de protestar, obligados a conducir con un peso excesivo en los vehículos de carga y con descuentos en nóminas si los automóviles se estropean como consecuencia de ello.
La Policía Nacional continúa las investigaciones pertinentes con la finalidad de esclarecer totalmente la participación en los hechos de los involucrados.