La juez de guardia de Palma dejó ayer en libertad a los ‘okupas' del edificio de sa Indioteria que fueron detenidos el viernes. Finalmente, la policía arrestó a cinco personas, tres hombres y dos mujeres de etnia gitana, que se han instalado ilegalmente en el inmueble y tienen una orden de alejamiento de tres vecinas.
Además de los cinco detenidos hay otros cuatro ‘okupas' que también tienen prohibido acercarse a menos de 500 metros de las vecinas. El juzgado que dictó la orden de protección considera que hay indicios de que estas nueve personas, que han sido imputadas, actúan de forma concertada para coaccionar, agredir y amenazar a los vecinos que viven legalmente en el edificio para que abandonen sus casas.
La orden de alejamiento para los nueve ‘okupas' fue notificada a última hora del jueves, para proteger a las tres vecinas denunciantes y a sus familias, ya que se teme por su integridad física. La orden supone en la práctica que los ‘okupas' deben abandonar las viviendas de las que se han adueñado para no quebrantar esta medida cautelar y, por tanto, incurrir en un delito. A medianoche, la policía acudió al inmueble, desalojó a los ‘okupas' y les informó de la orden de alejamiento. Estos durmieron en coches y a la mañana siguiente, viernes, volvieron a entrar el bloque. Las denunciantes alertaron de la situación y la policía acudió al lugar.
Se da la circunstancia de que los pisos ocupados proceden de desahucios y están en manos de los bancos. Una de estas viviendas ha sido vendida recientemente y dos de los ‘okupas' acudieron al piso de la presidenta de la escalera, que es una de las denunciantes que tiene a su favor la orden de protección, y la responsabilizaron de la venta del piso por parte del banco.
Declaración
Los cinco ‘okupas' detenidos negaron ante la juez que tengan mala relación con los vecinos, excepto una arrestada que dijo que sí había tendido algún percance con una vecina, pero había sido un tema puntual. La juez los dejó en libertad pero les reiteró que pesa sobre ellos la orden de alejamiento de tres vecinas del inmueble y, por tanto, si se acercan a ellas incurren en un delito de desobediencia a la autoridad judicial que puede dar lugar a la adopción de nuevas medidas cautelares.