Dos de los agentes de la Policía Local que resultaron perjudicados por el supuesto amaño de las oposiciones a las que se presentaron certificaron ayer como testigos que hubo anomalías en la prueba. Los dos agentes comparecieron ante la magistrada que instruye la causa y explicaron que, según sus cálculos para el primer test que tenían que completar tenían unos cincuenta segundos por cada pregunta. El tiempo, según dijeron apenas daba para leer el enunciado. Sin embargo, algunos de los aspirantes que supuestamente habían recibido las respuestas terminaron muy sobrados de tiempo. Tal y como han contestado otros de los aspirantes durante la investigación policial, entre los que se examinaban cundió el rumor de que todo estaba amañado de antemano. Los agentes también manifestaron que las preguntas que se les habían formulado estaban dentro del temario que tenían que conocer.
Secretaria
Además de estos dos agentes también respondió a las preguntas de las partes la funcionaria que actuó como secretaria en el tribunal. Señaló que no fue la encargada de custodiar las preguntas y que éstas se las facilitó fundamentalmente el entonces intendente jefe, Rafel Vera. En todo caso no supo precisar de dónde surgieron, si bien sí admitió que pudo ser extraño que ella custodiara luego los exámenes, pero no antes las preguntas. Indicó en su declaración ante la juez que ella trabajaba como auxiliar administrativa y que la llamaron por teléfono con celeridad para que acudiera a formar parte del tribunal de la oposición. La de ayer fue la primera toma de declaraciones en el juzgado de Instrucción número 12 de Palma sobre las posibles irregularidades en la oposición. Con todo, el día más importante será el próximo miércoles cuando están citados a declarar el exdirector de Seguridad Ciudadana de Cort, Enrique Calvo y el exintendente jefe, Rafel Vera. Ambos presentaron su dimisión de sus puestos a raíz de que la Guardia Civil registrara el cuartel de San Fernando y Cort a la busca de documentación vinculada con el supuesto amaño. A Calvo se le imputa ser la persona que pasó a uno de los agentes el listado con las preguntas con el encargo de que se las distribuyera a aspirantes afines al Partido Popular. El anterior intendente fue quien redactó algunas de estas preguntas y se investiga si varias de las cuestiones se realizaron en el ordenador de uno de los aspirantes.