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Juicio a un grupo de paraguayos que vendía droga en el poblado de Son Banya

Siete acusados confiesan y aceptan condenas de hasta tres años y medio de cárcel

Imagen de la redada en Son Banya en la que se registró el punto de venta del grupo. | Vasil Vasilev

| Palma |

Heroína de Tanzania y cocaína de Argentina. Ocho acusados, la mayoría de ellos de nacionalidad paraguaya fueron juzgados ayer en la Audiencia Provincial por importar cocaína y heroína para después distribuirla al por menor en el poblado de Son Banya. Contra la situación habitual en la que ciudadanos de esta nacionalidad venden droga en la zona a cuenta de clanes gitanos casi como asalariados, en este caso formaban ellos una organización que operó durante el año 2011. En el mes de septiembre de ese año fueron detenidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía dentro de la 'operación Guaraná' en la que también se detuvo a otros clanes, en este caso de origen gitano.

Investigación

Las pesquisas policiales contra el grupo comenzaron en febrero de 2011. En el mes de mayo la policía descubrió que el cabecila organizaba el transporte de 1,3 kilogramos de cocaína desde Paraguay, donde fueron sorprendidos el 12 de mayo.

A raíz de estas detenciones se realizó una primera ronda de registros y detenciones en las que se encontraron giros bancarios para pagar la droga y pequeñas cantidades de estupefacientes para vender al por menor. La mayor partida incautada la llevaba encima una de las detenidas que llevaba 100 gramos de una pureza del 8,8 por ciento. En junio se interceptó un envío de heroína desde Tanzania que llevaba un correo en su cuerpo y que sumaba algo más de 550 gramos. El hombre fue detenido en el aeropuerto al que había llegado en un vuelo procedente de Zurich. Un mes después, el 27 de julio de 2011 los agentes interceptaron en Son Sant Joan otro envío de un kilogramo de cocaína de Buenos Aires.

Siete de los ochos acusados aceptaron en el juicio una condena por los hechos y reconocieron su culpabilidad. Las penas son de tres años y medio de prisión para este grupo menos para una mujer, a la que la Fiscalía pide una pena de un año y medio al considerarla cómplice del delito.

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