Un funcionariod e la Delegación del Gobierno en Balears aceptó ayer una pena de un año de prisión por manipular decenas de expedientes de extranjería para permitir que ciudadanos peruanos consiguieran el permiso de residencia en España. En el juicio, celebrado ayer en la Audiencia Provincial, la cabecilla de la trama y el dueño de una gestoría en Palma también aceptaron condenas, en este caso de un año y medio de prisión. En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía solicitaba penas de trece años de prisión para cada uno de ellos.
La trama funcionó entre los años 2004 y 2006. Al frente se encontraba una mujer que contactaba con ciudadanos peruanos y les cobraba hasta 5.000 euros por gestionar su residencia en España. Para ello contactó con el dueño de la gestoría. Éste elaboraba falsas ofertas de trabajo y, para ello imitaba la firma de los empresarios a los que asesoraba. Con estos documentos iban a la Delegación del Gobierno. Entonces entraba en juego el funcionario. Éste tramitaba los expedientes a sabiendas de que estaban falsificados y, para facilitar el visto bueno omitía comprobaciones como la de entrevistarse con los empleadores de los inmigrantes. De esta manera alrededor de una treintena de peruanos tramitaron viajar a Mallorca con o sin conseguirlo.