Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de la Unidad Especializada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, procedieron a la desarticulación de una trama organizada acusada de estafar más 800.000 euros en Palma. Los detenidos facilitaban contratos falsos de trabajo para recibir prestaciones del Estado, consecución de permisos de residencia por arraigo o renovación de estos permisos.
La ‘operación Gema' comenzó hace tres meses a través de los diferentes controles de la Inspección de Trabajo donde se detectaron determinadas irregularidades. Los implicados creaban empresas ficticias o carentes de cualquier actividad, y contrataban a trabajadores, los cuales, tenían que pagar entre los 600 y 2.500 euros. Los funcionarios calculan que el lucro obtenido por los responsables del grupo delictivo se elevaría por encima de los 150.000 euros, a cambio, los ‘trabajadores' obtenían un contrato de trabajo falso, contrato que servía para más adelante, en unos casos, cobrar prestaciones, en otros renovar el permiso de residencia, ya que para ello es necesario tener un contrato de trabajo, y en otros casos, obtener un primer permiso de residencia por arraigo. En esta operación se procedió al arresto de 23 personas de distintas nacionalidades. Además, los agentes responsables del caso también intervinieron numerosa documentación falsa tales como contratos falsos, nóminas, etc...
El grupo delictivo que estaba dirigido por un empresario de la construcción en colaboración con el responsable de una gestoría dio de alta a 105 trabajadores en la empresa ficticia, acumulando una deuda en la Seguridad Social que asciende a 475.357 euros. Los investigadores calculan que el dinero cobrado fraudulentamente por prestaciones por desempleo asciende a más de 223.882,73 euros y por maternidad 13.511 euros. Con ésta nueva operación son ya tres las practicadas en los últimos meses por hechos similares, dándose la circunstancia que en dos de ellas aparece como responsable de las ‘empresas' la misma persona, ascendiendo el montante del dinero defraudado a más de 800.000 euros.