Cada ejecución de crédito bancario que significa perder la vivienda es un caso concreto, pero predomina la circunstancia del cese de empleo o de la actividad económica, a partir de los cincuenta años, y con escasas posibilidades de volver a generar ingresos con los que hacer frente a la deuda.
Así Guillermo, de 54 años, autónomo con dos hijos a su cargo y una factura hipotecaria de 800 euros mensuales, acaba de cerrar el bar que regentaba y se enfrenta a un horizonte sin ingresos. Acumula dos mensualidades sin pagar y es consciente de que será embargado e invitado a abandonar su vivienda por procedimiento de desahucio. «He hecho todo lo posible por hacerme cargo de lo que debo -señala- pero no tengo ninguna posibilidad y el banco no me ha ofrecido ninguna alternativa que sea posible».
Dependientes
Pedro, de 55 años, y su pareja Luisa, de 53, se encuentran en parecida circunstancia cuando acuden a la convocatoria semanal de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, en el casal municipal de Can Alonso. «Hemos de hacer frente a una mensualidad de 1.100 euros entre el principal y una ampliación -explica Pedro- y yo estoy no solo desempleado sino además dependiente por enfermedad de una pensión de último recurso de 426 euros mensuales. La única opción que nos ofrecen es entregar la llave del piso y quedar dependientes de una cantidad que será imposible retornar».
En el caso de José Antonio, un palmesano de 46 años, la circunstancia de no poder atender un recibo hipotecario mensual de 600 euros se une a la imposibilidadc de lograr trabajo en el gremio de la construcción -en el que llegó años atrás a liderar una firma con 18 empleados- y ante todo de poder aportar a la entidad bancaria a la que debe una posibilidad cierta de pago.
«Ya no sé qué hacer para ofrecerme como empleado para una empresa ni con mis conocimientos ni con una paga que pueda compensarnos a todos -manifiesta-, y estoy tan desesperado que tengo la impresión de venir a las citas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no solo en busca de consejo sino para buscar empatía con otras personas que padezcan el mismo drama».
Un centenar de personas con casos similares a los descritos permanecen en el casal de Can Alonso cada miércoles a la espera del abogado que asesora a la plataforma, en una reunión que comienza en torno a las cinco de la tarde y termina cerca de la medianoche.
En medio de la actividad de los voluntarios de esta plataforma ciudadana, su portavoz, Àngela Pons, intenta explicar un mensaje a los reunidos. «Haremos lo posible- dice- para lograr un acuerdo digno entre vosotros y los bancos, porque aquí no hay números ni expedientes sino personas».