La Fiscalía pide condenas que suman 138 años de cárcel para 27 acusados de traficar con droga en Son Banya en lo que será una especie de Kabul segunda parte y que, en este caso deriva de la ‘operación Oriente' que puso en marcha el Cuerpo Nacional de Policía en mayo de 2010.
La operación llegó dos años después de Kabul, cuando ‘La Paca' y su hermano ‘El Moreno' ya estaban en prisión. Sin embargo, según recoge el escrito de acusación el clan seguía operativo a través de la mujer y la hija de ‘El Moreno'. Junto a éstos en el operativo fueron detenidos varios supuestos miembros del clan de ‘Los Valencianos', a cuyo frente, la acusación pública sitúa a ‘La Chata', mujer de ‘El Charly', que también estaba encarcelado en ese momento a raíz de su condena en el ‘caso Son Banya'. Entre estos dos clanes controlaban alrededor de nueve puntos de venta de droga situados en viviendas del poblado de Son Banya.
La operación en la que la policía tomó el poblado estuvo precedida de meses de investigación. En ellos, los agentes identificaron a decenas de personas que salían de comprar droga en las distintas viviendas. Con esta información se prepararon los registros en los que se encontraron cantidades de droga lista para su distribución, dinero en metálico -unos 60.000 euros- y joyas.
La segunda fase de este operativo tuvo lugar casi un mes después. A raíz de las primeras pesquisas, la policía constató la alta actividad de otros dos clanes, el de ‘La Sole' y el de ‘Los Bizcos'. Al frente del primero sitúan a Soledad M. C. y del segundo a ‘El Ove', Gabriel Amaya, condenado ya en otras dos ocasiones por venta de droga en el poblado.
La mecánica de la operación policial fue la misma que en la primera, a una serie de vigilancias en las que se identificaba a los compradores y se confirmaba que se vendía droga en los distintos puntos siguió un registro en el poblado con diferentes detenciones y hallazgos de droga, dinero y joyas.
El juzgado de Instrucción número uno de Palma comunicó la semana pasada a los acusados el escrito de acusación de la Ficalía. Todos ellos se enfrentan a condenas de cinco o seis años de prisión y a multas de 10.000 euros por delitos contra la salud pública.