Cheryl Madison, la mujer que fue violada y apuñalada en Magaluf, ratificó ayer en el juicio la pesadilla que vivió en los apartamentos Margasol en mayo de 2008. Después de ser golpeada y violada, su agresor intentó estrangularla y, cuando perdió el conocimiento la apuñaló: «Cuando me desperté me puse de pie, resbalé y me di cuenta que había sangre en el suelo y que salía de mi pecho». El agresor entró otra vez: «Empezó a gritarme que volviera a la cama. Me colocó frente a la pared, me puso el cuchillo en el cuello y lo movió un poco. Me lo clavó».
Enfrente, el acusado -a quien se piden 23 años de prisión- guardó silencio. Ni admitió ni negó los hechos. Después de negarse a contestar a las preguntas del fiscal, solamente señaló que era adicto a la cocaína en el momento de los hechos y que padece algún tipo de enfermedad mental por la que se ha medicado: «nunca lo he admitido porque me encontraba bien», aseguró.
La autoría de los hechos alberga pocas dudas una vez que existe una prueba de ADN que delata al acusado. El problema es el cómo se obtuvo esa muestra. La defensa, el letrado Carlos Portalo, sostiene que se vulneraron los derechos de tutela judicial y de intimidad de su representado. La investigación por la violación había sido archivada por un juzgado al no encontrar un culpable. Sin embargo, tres años después, una prueba de ADN señaló que el mismo hombre que había violado a Cheryl había atacado a otra británica. A partir de ahí se retomaron las pesquisas y la investigación acotó a varios sospechosos. La Guardia Civil siguió al acusado y recogió una colilla que había tirado al suelo. De ella se sacó la muestra de ADN que le delató. La defensa considera ilegal este procedimiento ya que en ningún momento fue informado el juzgado.