El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu envió ayer a prisión a otros 15 detenidos en la 'operación Emperador' por su relación con la supuesta red empresarial china dedicada al blanqueo de capitales, lo que eleva a 51 el número de personas encarceladas en el marco de esta causa, informaron fuentes jurídicas.
Tras ocho horas de declaraciones, el magistrado instructor ha acordado el ingreso en prisión incondicional de diez personas, a las que se sitúa en un grupo que junto al del presunto cabecilla, Gao Ping, realizó el mayor número de operaciones de blanqueo y las de mayor volumen.
Fianzas
Andreu, que adoptó esta medida a petición de la Fiscalía Anticorrupción, también ha acordado que otros cinco detenidos ingresen en prisión si no depositan una fianza de entre 6.000 y 100.000 euros. Además, ha decretado la libertad de otras cuatro personas, a las que ha impuesto la obligación de realizar comparecencias periódicas, entregar el pasaporte y no salir del territorio nacional.
Ayer también se personaron en la Audiencia Nacional las defensas de los empresarios vascos Pedro y Patxi Garmendia, imputados por el supuesto blanqueo. El primero de los hermanos se entregó voluntariamente el miércoles y el otro declaró el jueves.
Los interrogatorios continuarán hoy con la comparecencia de una decena de personas, entre los que se encuentran el marchante de arte, Gao Ping, y sus más directos colaboradores.
El juez Andreu decretó en la noche del jueves el ingreso en prisión de 19 detenidos, la mayoría con fianzas y seis más con comparecencias periódicas. Entre ellos se encontraba el actor porno Ignacio Jordá González, más conocido como Nacho Vidal, que quedó en libertad y está imputado por un delito de blanqueo de capitales y otro de falsedad por las actividades que habría desarrollado su productora con las sociedades de la trama.
También quedó en libertad sin fianza y comparecencias periódicas el concejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás (PSOE), que fue detenido por la supuesta concesión de licencias irregulares a los responsables de la red. Se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.