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Condenan a España por no investigar un caso de maltrato policial en Palma en 2005

| Palma de Mallorca |

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por no investigar la denuncia por malos tratos de carácter racista interpuesta por la ciudadana de origen nigeriano Beauty Solomon contra la Policía Nacional por unos hechos ocurridos en Palma en 2005, ha informado Amnistía Internacional.


Los hechos de este caso se remontan a hace siete años, cuando Solomon, nigeriana con permiso de residencia en España, denunció haber sido agredida física y verbalmente por agentes de la Policía Nacional de Palma, después de pedirle que se identificara, ha recordado Amnistía Internacional en un comunicado.

Según la entidad, el TEDH ha reconocido en una sentencia emitida el 24 de julio que España vulneró el derecho de Solomon a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, puesto que no se investigó si los malos tratos existieron ni si actuación policial obedecía a una motivación discriminatoria.

Amnistía Internacional ha destacado que, con este caso, el TEDH «condena por primera vez a un Estado teniendo en consideración la especial vulnerabilidad de la víctima y reconoce expresamente el profundo sufrimiento que ha padecido Beauty Solomon en todos estos años».

La sentencia condena al Estado español a indemnizar a la víctima con 30.000 euros en concepto de daño pecuniario.
Al haber agotado todas las instancias nacionales sin que ninguna hubiera estudiado el fondo de la denuncia, la organización Women's Link Worldwide decidió en 2008 respaldar a Solomon y denunciar su caso ante el TEDH.
Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno español que cree un mecanismo independiente para investigar este tipo de denuncias por violaciones graves de los Derechos Humanos y que transmita a laos funcionarios encargados de cumplir la ley y a la ciudadanía un mensaje claro de que el maltrato a las personas detenidas está absolutamente prohibido en cualquier circunstancia.

La organización humanitaria ha pedido también a la Fiscalía y las autoridades judiciales y policiales que adopten «todas las recomendaciones sobre prevención, investigación y reparación a víctimas de tortura planteadas por organizaciones de los Derechos Humanos y otras instancias internacionales».

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