La tonelada de cobre ha pasado de pagarse de 2.000 euros, en el año 2004, a los cerca de 7.000 euros actuales.
Sin embargo, aunque el aumento del precio ha sido el detonante principal, según fuentes policiales consultadas, el incremento de robos relacionados con el metal precioso, también se debe a otras variables que han tenido un peso destacado. La difícil situación económica, por supuesto, es una de ellas. «Nosotros nos hemos quedado toda la familia sin trabajo. De algo tendremos que vivir. ¿O no?», afirma María Maya, una vendedora puntual de chatarra que nos encontramos a las puertas de una fábrica de reciclaje.
También la baja penalización de estos delitos ha jugado su papel. Las penas son mucho menores que por tráfico de drogas o trata de blancas y los beneficios están ahí. De hecho, en la mayoría de casos es muy difícil probar que el género es robado y todo se limita a una simple falta administrativa.
A plena luz del día, podemos observar a decenas de personas que, con carritos de supermercados, furgonetas o coches particulares, acuden a vender chatarra o cobre a las principales empresas de compra.
Según información policial a la que ha tenido acceso Ultima Hora, un recogedor de chatarra, especializado en cobre, podría obtener unos beneficios netos al año de aproximadamente unos 70.000 euros. Dicha cifra sería superior en el caso de producirse grandes golpes. El último caso denunciado se produjo en una finca de sa Indioteria, donde un payés denunció el robo de la instalación del sistema de riego y de más de 80 aspersores.
Por su parte, los afectados insisten en la necesidad de ejercer un mayor control en las empresas que compran el género. De hecho, Guardia Civil (SEPRONA) y Cuerpo Nacional de Policía han intensificado su vigilancia, pero también es habitual que existan desfases entre el libro de entrada de registro y lo que verdaderamente hay en el almacén.