La Fiscalía de Madrid ha solicitado nuevas pruebas sobre el accidente del avión de Spanair que se estrelló en Barajas en agosto de 2008, en el que fallecieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas, ya que considera que todavía no se puede cerrar la investigación del siniestro.
Así lo afirmó ayer el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, quien explicó que entre las nuevas diligencias requeridas por el Ministerio Público se encuentra la petición de una información detallada sobre las lesiones que sufrieron las víctimas y la situación familiar de cada una de ellas.
Esta diligencia es necesaria para fijar las indemnizaciones que por responsabilidad civil se podrían solicitar en el juicio, ha señalado Esteban.
La petición del Ministerio Fiscal mantiene abierta así la instrucción de la causa que fue dada por concluida el pasado 12 de diciembre por el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, el magistrado Juan Javier Pérez.
En su auto, el juez transformó las diligencias en procedimiento abreviado -trámite equivalente al procesamiento- para sentar en el banquillo a los dos técnicos de mantenimiento imputados, José Antonio Viñuelas y Felipe García Rodríguez, a los que acusa de 154 delitos de homicidio imprudente y 18 delitos de lesiones imprudentes.
Técnicos
Según Juan Javier Pérez, los dos técnicos debieron seguir investigando la avería antes de despachar el avión hasta que el fallo «sumamente extraño» que se produjo en la nave estuviera identificado.
Además, el magistrado mantiene abierta la causa contra las entidades mercantiles Spanair S.A. y su compañía de seguros Mapfre como posibles responsables civiles
La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 ha pedido al juez que instruye el accidente del avión de Spanair que reabra el caso para solicitar nuevas diligencias, entre ellas la imputación del gerente de la compañía en la época del siniestro.
Recurso
Fuentes de la asociación han indicado que se ha presentado un recurso de reforma contra el auto de 12 de diciembre que acordó el cierre de la causa y limitó a dos el número de imputados: los técnicos de mantenimiento.
A juicio de la asociación, el magistrado no motivó en la resolución la decisión de levantar la imputación a tres directivos de la compañía después de que se les acusara a instancias de las víctimas.
Así, las víctimas se han mostrado a favor de la petición de la Fiscalía de Madrid para que se practiquen nuevas diligencias encaminadas a concretar las responsabilidades civiles a percibir por los damnificados por el accidente.