Los recortes del Govern llegan a la cárcel. El ejecutivo autonómico no ha renovado este año el convenio que mantenía con el Colegio de Abogados de Balears para prestar el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, mediante el cual, se prestaban ciertos servicios a presos sin recursos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
El servicio se llevaba a cabo mediante convenios anuales. El de este año concluía en abril y, según fuentes del Colegio, había un compromiso verbal con el anterior Govern para renovarlo. Con el nuevo ejecutivo, la colaboración ha quedado en suspenso, si bien el Colegio de Abogados ha mantenido varios contactos infructuosos con varios representantes de la Administración autonómica para ponerlo en marcha.
Suspensión
La situación a llevado a que en el pasado mes de junio se suspendiera de el servicio. Durante todo el verano no hubo ningún tipo de asistencia jurídica a los presos. En septiembre, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados puso en marcha un turno de oficio especial de Derecho Penitenciario. La diferencia es que, en este caso se destinan abogados del turno de oficio a asistir a los presos. Las minutas de los letrados corren a cargo del Ministerio de Justicia y no del Govern. Sin embargo, el alcance de esta asistencia es más limitada que el anterior servicio. Uno de los responsables de la Comisión de Turno de Oficio del colegio, Carlos López, señalaba en un artículo que «El asesoramiento general que se venía prestando no será ahora factible, al no estar incluido en el ámbito de la justicia gratuita». De esta manera, el nuevo servicio se limitará a los trámites para los que es imprescindible un letrado, como la presentación de recursos ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria.