El delegado de Gobierno en Baleares, Ramón Socías, ha anunciado que se aplicará la ley de Extranjería en Son Gotleu «sin que ello signifique una persecución indiscriminada de nadie», mientras que los vecinos del barrio le han pedido que «todo el peso de la ley» caiga sobre los alborotadores en los altercados del pasado mes de agosto que se saldaron con un muerto.
En este sentido, después de la reunión que ha mantenido Socías con la Asociación de Vecinos Orson Welles, presidida por Ginés Quiñonero, el delegado de Gobierno ha asegurado que la Policía y el Juzgado «están trabajando para aclarar cuáles fueron los hechos que se produjeron la madrugada del domingo al lunes».
En cuanto a las identificaciones que tendrán lugar en las calles de Son Gotleu de ahora en adelante, Socías las ha justificado con el argumento de que «pocos estados pueden resistir el mantener en una situación irregular a un elevado número de personas extranjeras en su territorio». La solución que ha planteado el delegado de Gobierno para los que no tengan la documentación en regla o, directamente, no la posean, es «conseguir los papeles o volver al país de origen».
Además, sin la documentación en regla, Socías ha afirmado que las «únicas salidas que tienen estas personas son las de trabajar para empresarios sin escrúpulos que van a abusar de ellos o caer en la marginalidad y en la delincuencia para poder sobrevivir».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Orson Welles, Ginés Quiñonero, ha exigido que las actuaciones que se están llevando a cabo en Son Banya «no sean una agregación más de delincuencia en Son Gotleu». «No puede ser que los manden a todos a Son Gotleu, hay un salvajismo tremendo», ha criticado. Quiñonero ha finalizado su intervención lamentando que en el barrio «hay muchísimas personas que han venido y ocupan pisos a la fuerza, desorganizan la comunidad y hasta conviven con dos o tres familias».
Por otra parte, para Quiñonero, han sido los servicios sociales los que «han destruido Son Gotleu». De hecho, el representante de los vecinos ha hecho pública una petición de supresión de los mediadores para la convivencia porque según Quiñonero, «han roto esa convivencia y han favorecido la inmigración más violenta».